Desde la Alianza de las Organizaciones Sociales por la Eficacia del Desarrollo (AOED [1]), queremos compartir algunas ideas para aportar al fortalecimiento de los procesos que se han impulsado en América Latina y el Caribe.
Nuestra región vive una coyuntura histórica muy importante. Luego de la década neoliberal, en el que el lugar del Estado fue puesto al servicio de intereses foráneos y se avanzara sobre derechos que los ciudadanos habían conquistado en otros momentos, gobiernos y pueblos han llevado adelante procesos revolucionarios o profundamente transformadores que nos han puesto en otro escenario y situación.
No ha sido fácil este proceso porque persisten intereses opuestos, tensiones internacionales y debilidades humanas que conspiran contra un avance más sostenido y sin tantas dificultades.
Una de las características de estos tiempos ha sido el reconquistar un lugar para los Estados como rectores de los procesos y garantes de los derechos humanos de los pueblos que representan. Hemos ganado en soberanía, dignidad y ampliado las fronteras de los derechos humanos y sociales.
En este marco, la participación de los Movimientos y Organizaciones Sociales ha sido fundamental. Estamos convencidos y convencidas de que los cambios no hubiesen sido posibles ni tan profundos, sin la participación del pueblo organizado, expresando sus necesidades y luchando por sus derechos. Por primera vez en América Latina de manera extendida entre los diversos países, la correlación de fuerzas permitió que estas luchas tuvieran correlatos en las políticas públicas que han venido transformando nuestra realidad de manera sostenida.
Pero esto no ha impedido que haya cuestiones que estén en abierto debate y que requieran de nuestra reflexión más profunda y de nuestra acción concreta.
Ante un Sistema Financiero que no tiene límites ni éticos ni prácticos para imponer a los pueblos sus intereses por sobre cualquier derecho, América Latina ha puesto sobre las mesas globales de debate la cuestión de los modelos de desarrollo. El desarrollo no puede hacerse a cualquier precio, sobre todo, porque los precios a pagar lo impiden y atentan contra él. Por ello, algunos gobiernos de América Latina, bajo el liderazgo del Estado Plurinacional de Bolivia, comenzaron a hablar de los “Derechos de la Madre Tierra” y a ponerlos en la agenda global de debate.
Pero en nuestros propios territorios comenzamos a enfrentarnos a situaciones que nos exigen revisar nuestras propias prácticas. Por una parte, nuestros pueblos requerían de los recursos que provenían de la misma tierra pero, por otra parte, esta obtención de recursos ponía en riesgos a las comunidades que habitan en los territorios en donde los mismos pueden obtenerse.
Es importante reconocer que no se trata de problemas nuevos en la región. Desde los tiempos de la conquista, el modelo de extracción de recursos fue al que fuimos sometidos por nuestros conquistadores de manera tan brutal como extendida. Y es así que como pueblos hemos sido históricamente explotados y saqueados por intereses foráneos o por minorías oligárquicas de nuestros propios países.
Una respuesta importante de los gobiernos del Siglo XXI fue reapropiarse de la renta que estos emprendimientos producen, ya sea nacionalizándolos o logrando nuevos esquemas fiscales más favorables para los Estados y pueblos.
Sin embargo, esto no logró resolver las cuestiones ambientales que persisten y están generando muchas tensiones, enfrentamientos y crisis sociales en diversos países de la región.
Desde las organizaciones sociales nos sentimos interpelados por la situación. Vemos urgente que podamos encontrar mecanismos que permitan mejorar los niveles de vida de nuestros pueblos y sobre todo sacar a millones de personas de las situaciones de pobreza, pero también cuidar la misma casa común que nos cobija hoy y debe cobijarnos a futuro.
La situación no es sencilla y el debate está fuertemente instalado también en las organizaciones y movimientos sociales.
Estamos convencidos que deberemos salir de estos dilemas, sin renunciar ni a los derechos humanos ni al cuidado de la tierra.
Como el debate es fuerte, algunos gobiernos interpretan que las posiciones de organizaciones sociales que no acuerdan con sus políticas en estos temas, están siendo desestabilizadoras y responden a intereses ajenos a los que estamos mencionando. Lo explican a partir de entender que los financiamientos que se reciben las condicionan a opinar de tal o cual manera.
La inmensa mayoría de los movimientos y organizaciones sociales, si bien pueden ser condicionadas por las necesidades de financiamiento, buscan encontrar respuestas a estas cuestiones con honestidad y compromiso ciudadano.
Desde la pluralidad que elegimos como un valor social, ético y político, no siempre compartimos entre las Organizaciones las mismas posturas ni nos identificamos en las mismas estrategias. Como tampoco sucede entre los países de la región y al interior de las organizaciones políticas entre los cuales no todos piensan de la misma manera.
Sin embargo creemos que es necesario que, aún en medio de los debates más fuertes, se respeten los derechos al disenso que son parte de nuestra riqueza democrática, que es una de las fortalezas que nos permitirá encontrar los mejores caminos para superar estas delicadas cuestiones. Una opinión diferente no es necesariamente una opinión opositora.
Nuestros Estados también tienen, en estos contextos, la responsabilidad de reconducir estos debates en búsqueda de las mejores respuestas que nos lleven al “vivir bien” que cada vez más vamos eligiendo como perspectiva común en América Latina y el Caribe.
No defendemos formatos democráticos liberales que desconocen las necesidades de las poblaciones más pobres que son mayoritarias. Creemos en democracias participativas, dinámicas, comprometidas con los Derechos Humanos y Sociales y convencidas de que no se puede ser neutral cuando se trata de defender la soberanía de los pueblos ni de los proyectos políticos que estos eligen.
Por eso es que desde estas organizaciones, estamos instando a nuestras autoridades políticas y a los responsables de Movimientos y Organizaciones Sociales a mantener abiertos los espacios de diálogo y a sostener mecanismos de participación adecuados. Más allá de toda dificultad, es necesario que no criminalicemos a quienes piensan diferente y lo expresan de manera permitida por las constituciones nacionales sin irrespetar las normas vigentes ni atentar contra la paz ciudadana. La represión a los militantes sociales o la persecución a sus Organizaciones legítimamente constituidas deben ser repudiadas por todos los que quieren solucionar estas cuestiones, empezando por las mismas autoridades que son a quienes les corresponde garantizar los derechos humanos de su pueblo.
Desde la AOED-ALC, ponemos a disposición nuestros esfuerzos por construir, en toda la región, espacios que posibiliten alcanzar los grandes objetivos que hoy tenemos en nuestras agendas y esperamos, de esta manera, que puedan ser superadas favorablemente las crisis que se presentan y que desde las Organizaciones y Movimientos sociales, podamos contribuir a hacer avanzar los proyectos populares que se han venido desarrollando en los distintos países de nuestra Patria Grande.
Buenos Aires, 16 de Agosto de 2015
Alberto Croce
Presidente de la Red Encuentro – Argentina
Coordinador Regional
AOED-ALC
