La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI en inglés) es una alianza internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 51 países para transparentar la información sobre la industria extractiva (minería, petróleo y gas) a lo largo de la cadena de valor (concesiones, contratos, pagos, ingresos, gasto, etc.).
Perú lleva 12 años implementando el EITI, el 2012 obtuvo la certificación de país cumplidor y en febrero de 2016 fue sede de la VII Conferencia Global EITI que reunió más de 1500 asistentes de todo el mundo involucrados en esta iniciativa. En esta ocasión la sociedad civil latinoamericana demandó a través de un pronunciamiento la inclusión de la información socio-ambiental dentro del estándar EITI.
Desde julio 2016, Perú viene llevando a cabo un nuevo proceso de validación de sus avances en el Estándar EITI, proceso que es conducido por el Secretariado Internacional. A finales de diciembre pasado la Comisión Nacional EITI (DS 028-2011-EM) aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el cual, a pesar de la insistencia de los representantes de sociedad civil, no se ha logrado consenso para incluir la temática socio-ambiental en dicho Plan de Trabajo. La transparencia en temas ambientales y sociales es una demanda creciente de las organizaciones comunales y autoridades locales y es fundamental para la gobernanza de los recursos naturales, razón por la cual nos preocupa que la Comisión Nacional no lo haya incluido en su agenda para el presente y próximo año.
Ante el actual contexto político y económico, de caída de los precios de las materias primas y las inversiones, los gobiernos vienen promoviendo estas inversiones a través de la flexibilización de estándares sociales y ambientales, la precarización laboral, criminalización de la protesta, el recorte de derechos territoriales (Decretos Legislativos 1330 y 1333) y de consulta previa de las poblaciones indígenas, todo lo cual aumenta la conflictividad social. Los graves hechos de corrupción que involucran a las más altas autoridades de los gobiernos anteriores han conmocionado al país y en lugar de avanzar se observan retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas (Decreto Legislativo 1353). Por ello, las organizaciones de la sociedad civil suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:
- Existe una gran preocupación sobre la transparencia en las industrias extractivas en nuestro país, por los casos de corrupción que se han evidenciado públicamente a nivel nacional y en Latinoamérica y el Caribe. Por lo que se hace necesario incrementar los mecanismos de transparencia a todo nivel y en particular sobre los gastos sociales y la información ambiental de las empresas extractivas.
- Los impactos sociales y ambientales de las industrias extractivas pueden ser mucho peores sino se actúa en este momento. Por lo que es imprescindible la inclusión de la transparencia socio-ambiental en el Plan de Trabajo 2016-2018 de la Comisión Nacional EITI y en los Informes de Conciliación Nacional (Informes EITI) a fin de que las comunidades y autoridades locales tengan información confiable sobre estos temas y así disminuir la conflictividad social.
- El EITI es una oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas para la construcción de la gobernanza. Por lo que tras finalizar el proceso de validación del Estándar EITI en Perú, nuestro país debería asumir el reto de generar un impacto en la población, a través de la difusión y uso de dicha información por la población para defender sus derechos y territorios.
- Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho de exigir que estas actividades se desarrollen previo un ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales. Por lo que, debemos ir más allá que el simple cumplimiento del Estándar, y ser ambiciosos a la hora de implementar esta iniciativa con innovación.
La transparencia y el acceso a la información en materia socio-ambiental, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en las industrias extractivas son fundamentales para un desarrollo sostenible.
Lima, 10 de febrero de 2017
