El Grupo Social CESAP, como organización de la Sociedad Civil comprometida con el desarrollo del país, quiere fijar su posición con relación a la grave crisis social, económica e institucional que afecta hondamente a la sociedad venezolana. En tal sentido, queremos expresar nuestra preocupación por el crecimiento exponencial de la pobreza en Venezuela a niveles alarmantes.
Las cifras son elocuentes: en el informe de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2016), realizado por prestigiosas universidades nacionales (UCV, UCAB y USB), revela que la pobreza total en Venezuela es de 81,88 %, en tanto que la pobreza extrema alcanza la cifra de 51,51 %. Según esta encuesta solo el 18,24 % de la población se puede considerar como no pobres. En ese mismo informe se señala que el 72,7 % de la población perdió el último año, en promedio, 8,7 Kg. Por otra parte, se resalta un “cambio brusco en el patrón de alimentación: hortalizas y tubérculos desplazan a las proteínas de alto valor biológico”. Algunas de las conclusiones del informe ENCOVI señalan que “la pobreza reciente o temporal comienza a volverse estructural después de 3 años continuos de crisis y que para el 2017 se van a mantener los niveles de pobreza medida por ingresos y seguirá aumentando la pobreza estructural”.
El sistema de salud en Venezuela ha sido calificado por los especialistas como “catastrófico”, a tal punto que en la citada ENCOVI se constató que por primera vez los hospitales privados son los servicios más usados, concluyendo que a finales de 2016 el país “…tiene las peores condiciones de desprotección desde principios del siglo XX”; de igual modo se estima que la escasez actual de medicamentos está alrededor del 90%, de allí que actores vinculados a la salud han solicitado reiterativamente que se activen los mecanismos de ayuda internacional para que lleguen de inmediato medicamentos e insumos médicos al país para evitar que el sistema de salud llegue a una situación de colapso total.
Otro tema que preocupa a los venezolanos es la inseguridad. Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia dan cuenta que hemos pasado de 20 homicidios por cada cien mil habitantes en 1998 a 91 homicidios por cada cien mil habitantes en 2016, en el marco de una impunidad de más del 90% según datos oficiales. La sociedad venezolana observa consternada como se suceden planes de seguridad gubernamentales una y otra vez, sin que se resuelva esta situación de violencia y de descomposición humana que afecta al conjunto de la población.
Por otro lado la economía venezolana ha tenido en los últimos cuatro años la más profunda caída del PIB que ha tenido país alguno en situación de paz y sin haber pasado por alguna catástrofe mayor. Para 2017 se prevé una mayor profundización al ya acelerado proceso de la inflación, lo que impactará tremendamente el poder adquisitivo y el consumo de los venezolanos y se acentuarán las restricciones para la producción de alimentos por una aguda carencia de insumos agrícolas: semillas y fertilizantes.
A esa ya grave situación social y económica se agrega la crisis institucional que se ha acentuado los últimos días con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en las que se suprimieron las competencias de la Asamblea Nacional violentando el principio democrático de separación de poderes. Este episodio todavía está sobre el tapete, ratificando que existe un enorme caos institucional que está impidiendo que se atiendan los verdaderos problemas que afectan a la población.
Desde el Grupo Social CESAP hacemos un llamado urgente al Gobierno venezolano, a los actores políticos y a la Sociedad Civil a que se realicen todos los esfuerzos que sean necesarios para construir un acuerdo político que permita restablecer el Estado de Derecho, la legalidad institucional, estabilizar la economía y atender a la brevedad posible la crisis de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas, que está afectando tan hondamente a nuestra gente, en pro de poder ejercer plenamente su derecho a la dignidad.
