Existen fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones e incluso entre las empresas y varios Estados. Estas asimetrías generan situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, además de bloquear el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas. Y muchas veces las compañías tienen responsabilidad directa o indirecta por una serie de delitos contra la vida, el medio ambiente, la libertad sindical, los consumidores y la salud de las personas. El artículo analiza ese contexto para destacar la importancia del problemático vínculo «derechos humanos-empresas», y las iniciativas que buscan limitar la apropiación extrema y desigual de las riquezas comunes y promover un sistema jurídico que proteja a las personas.
Por Gonzalo Berrón
Introducción
En la noche del 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (copinh), fue asesinada por cuatro hombres en su casa; el activista mexicano Gustavo Castro, que estaba con ella, recibió un tiro de refilón en la oreja derecha. El 2 de mayo, las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato, dos de ellos vinculados a las fuerzas de seguridad y los otros dos, a la empresa Desarrollos Energéticos sa (desa), encargada de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, al cual Cáceres y sus compañeros se oponían1. Los financistas del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie), el Finnfund y el Banco de Desarrollo Holandés (fmo, por su sigla en neerlandés), fueron advertidos por Cáceres sobre la violencia y la violación a los derechos humanos asociados al proyecto, pero continuaron con el financiamiento incluso después de la muerte de la activista.
El 22 de marzo del mismo año, Sikhosiphi «Bazooka» Rhadebe, activista contra la explotación minera en Sudáfrica, fue también asesinado en su casa, delante de su hijo menor. Rhadebe era director del Comité de Crisis Amadiba, que resistía el proyecto de explotación minera de arenas en Xolobeni, en la costa este del país. El proyecto es conducido por una subsidiaria de la Mineral Commodities Limited (mrc) de Australia. La muerte ocurrió después de un largo y bien documentado historial de conflictos en torno del proyecto y de las poblaciones afectadas cuyas preocupaciones no estaban siendo atendidas.
El 5 de noviembre de 2015, el pueblo brasileño fue víctima del mayor delito socioambiental vivido alguna vez en la historia del país, con la ruptura del dique de desechos minerales de Samarco Mineração sa, emprendimiento conjunto de las empresas Vale sa y bhp Billiton, que dio inicio a un desastre que ha causado impactos incalculables en los estados de Minas Gerais, Espíritu Santo y Bahía. Los señalados como responsables por la mayor tragedia ambiental del Brasil, que dejó al menos 17 muertos y generó un tsunami de barro que alcanzó el río Dulce y llegó al litoral de Espíritu Santo, pueden responder por crímenes que contemplan penas previstas de uno a cinco años de prisión.
El 24 de abril de 2013, el derrumbe del edificio de ocho pisos conocido como Rana Plaza, en Bangladesh, provocó la muerte de 1.127 trabajadoras y trabajadores que se encontraban allí. El edificio albergaba fábricas independientes de ropa, vinculadas a las cadenas de abastecimiento de las marcas Benetton, The Children’s Place, Primark, Monsoon, DressBarn y h&m. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, y también murieron muchos de sus hijos que permanecían en una guardería en el mismo lugar. Las advertencias realizadas en la víspera de la tragedia, luego de la aparición de grietas, no fueron consideradas.
En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, en Bhopal (India), gases tóxicos de una fábrica de pesticidas de Union Carbide –después adquirida por Dow Chemicals– mataron a 3.000 personas de forma directa y aproximadamente a otras 10.000 indirectamente, mientras que 150.000 sufren todavía los efectos del accidente2. Aunque la pérdida fue causada por recortes de gastos que afectaron las condiciones de seguridad en la fábrica india, Union Carbide no acepta hasta hoy la responsabilidad por lo ocurrido. Este caso, junto con el asesinato de miembros del pueblo ogoni en Nigeria, es paradigmático y sirve como buen ejemplo de lo que estamos trabajando.
Una historia
Situaciones de graves violaciones de derechos fundamentales como las aquí mencionadas llaman la atención de académicos y agentes públicos involucrados en la gestión de asuntos internacionales al menos desde la década de 1970. Fue en 1973, después de la actuación de la International Telephone and Telegraph Company (itt) en Chile, según Joseph Nye3, cuando el Senado estadounidense y la propia Organización de las Naciones Unidas (onu) comenzaron a preocuparse por la actuación de las empresas transnacionales y por el impacto de sus operaciones en los derechos humanos y en los escándalos de corrupción revelados por la Comisión del Congreso de Estados Unidos, así como por sus efectos sobre la democracia. El artículo seminal de Nye se refiere al trabajo del Grupo de Personas Eminentes convocado por la onu, cuyo informe final dio origen al Centro de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales (unctc, por sus siglas en inglés), con el objetivo de monitorear la actuación de ese tipo de firmas, proveer información y asesoramiento, y evaluar la posibilidad de un acuerdo multilateral que pudiera, tal vez, tener forma de código de conducta. La idea, sin embargo, no prosperó y los cambios económicos y las políticas internacionales en los años 80 y 90 hicieron que el Centro fuese cerrado en 1993 y que muchas de sus funciones de monitoreo fueran asumidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés).De esos años es también la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (oit) de crear una «Declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y políticas sociales». En vez de una convención, ese formato no vinculante surgió como más conciliatorio, en contraste con la «agresividad» que sugería el código de conducta propuesto por el unctc4.
De hecho, esta aproximación más incisiva de la onu, encarnada en la idea de un código de conducta con carácter multilateral, iba a cambiar hacia una actitud más amigable en relación con las corporaciones en el auge del Consenso de Washington y de las políticas neoliberales. Fue Kofi Annan, secretario general de la onu, quien en 1999, en una acción combinada con el Foro Económico Mundial de Davos, lanzó el llamado Pacto Global (un Global Compact), un conjunto de diez principios voluntarios sobre buenas prácticas corporativas en el ámbito internacional, que cubre las esferas de derechos humanos y patrones laborales, ambientales y anticorrupción5. En la actualidad, más de 17 años después de su lanzamiento, el Pacto Global cuenta con la firma de más de 12.000 corporaciones y stakeholders de 170 países6. Es el momento dorado de la perspectiva de la «responsabilidad social corporativa», ampliamente criticada por los defensores de los derechos humanos, que identifican en ella una forma de publicidad empresarial que en raras ocasiones compensa las pérdidas sociales, ambientales o económicas que genera la operación de las empresas7. En particular, a pesar de estos números que hablarían de una alta adhesión y mejoras en los patrones sociales, laborales, de corrupción y de derechos humanos, se verifica que el alcance de esta iniciativa deja mucho que desear.
- 1.Alejandra Martins: «Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China» en bbc Mundo, 3/3/2016.
- 2.Ver Alys Francis: «Bhopal: el desastre que envenenó a 500.000 personas» en bbc Mundo, 2/12/2014.
- 3.J. Nye: «Multinationals: The Game and the Rules: Multinational Corporations in World Politics» en Foreign Affairs, 10/1974.
- 4.un Intellectual History Project: «The un and Transnational Corporations», Briefing Note No 17, 7/2009.
- 5.«The Ten Principles of the un Global Compact», disponible en www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
- 6.V. «The World’s Largest Corporate Sustainability Initiative», disponible en www.unglobalcompact.org/what-is-gc/.
- 7.Peter Utting y José Carlos Marques (eds.): Corporate Social Responsibility and Regulatory Governance: Towards Inclusive Development?, unrisd / Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010.
Fuente: http://nuso.org/articulo/derechos-humanos-y-empresas-transnacionales/
