Seis campesinos de un remoto caserío de la Amazonía peruana en una región fronteriza con Brasil fueron torturados y asesinados a tiros por decenas de hombres armados, denunció el jueves un dirigente indígena, en una posible disputa por la posesión de tierras ambicionadas por empresas que siembran palma aceitera.
Robert Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, declaró a The Associated Press que los homicidios ocurrieron el 1 de septiembre en el remoto caserío Bajo Rayal donde vivían los campesinos, exactamente tres años después del asesinato de cuatro activistas indígenas en la misma región amazónica.
La policía halló los cuerpos de los campesinos asesinados en riachuelos cercanos a la comunidad, según periódicos regionales, que publicaron fotografías en las que se veían los cadáveres de las víctimas amontonados en el capó de una camioneta policial.
The Associated Press intentó contactar a la comisaría de la ciudad cercana de Nueva Requena para solicitar comentarios al respecto, pero nadie respondió el teléfono en un primer momento. El gobierno de Lima no ha emitido comentarios sobre los asesinatos.
Guimaraes, cuya organización representa a 196 comunidades de la etnia shipiba, indicó que los campesinos fallecidos se negaban a ceder sus tierras a traficantes de terrenos, que a su vez suelen revenderlos a empresarios ligados a la siembra del monocultivo de palma aceitera.
El dirigente indígena afirmó que la amazónica región Ucayali, fronteriza con Brasil, es escenario de una elevada cantidad de crímenes ligados a la tala y comercio de madera y al tráfico de tierras de grupos criminales, que despojan de sus terrenos “a personas humildes” y quedan impunes.
“Estos problemas parece que no le importan a las autoridades. Nosotros les hemos contado varias veces”, dijo Guimaraes.
El 1 de septiembre de 2014 cuatro activistas ambientales indígenas de la etnia asháninka que vivían en la comunidad Alto Tamaya–Saweto, en la región Ucayali, fueron asesinados tras años de resistencia contra la tala ilegal en sus tierras comunales.
La justicia de Perú mantiene el crimen en la impunidad y en 2016 liberó al único sospechoso que había sido detenido, según informó en esa época a AP Julio Reátegui, el fiscal que investigó el caso.
Fuente: The Associated Press
