Es cierto que Ricardo Luna era y sigue siendo un personaje controversial. Tenía a su favor no solo ser un diplomático de carrera sino también haber sido jefe de gabinete, junto con José Antonio García Belaúnde, de ese notable excanciller que fue Carlos García-Bedoya. A ello se sumaba una carrera académica brillante. Antes de ingresar al servicio diplomático fue estudiante de las universidades de Princeton y Columbia en la que obtuvo su maestría en relaciones internacionales.
Por otro lado, fue profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos y Europa. Un dato importante en su carrera diplomático, además de los cargos que ocupó como embajador, fue su participación activa en el grupo de Apoyo a Contadora y el Grupo Rio para la pacificación de Centroamérica y en las negociaciones de paz con Ecuador. En realidad, un currículo que cualquier diplomático envidiaría.
Gustavo Gorriti, en un reciente artículo (Caretas:27/07/17), ha puesto las sombras de su paso por la vida diplomática. Cuando fue embajador en EE.UU. (1992-1999) se convirtió en uno de los más ardorosos defensores, primero del autogolpe del cinco de abril de 1992, y luego del régimen autoritario de Fujimori. Personas vinculadas a los organismos de derechos humanos lo recuerdan como un diplomático que sostenía que en el Perú de esos años no se violaban esos derechos. Incluso, se le vincula con ser uno de los miembros que participó en la confección de la famosa “lista negra” que determinó la salida de 117 diplomáticos en 1992.
Pero más allá de estas luces y sombras del Canciller, algunos pensaron que su pertenencia a un gobierno, como el de PPK, que había derrotado nada menos que a Keiko Fujimori, su pasado fujimorista se morigeraría.
Ricardo Luna como diplomático de carrera, más allá que hoy se encuentre en situación de retiro, continuó lo que fue una de las líneas maestras de la diplomacia tanto nacionalista como aprista: fortalecer la presencia del Perú en la Alianza del Pacífico y favorecer una política exterior que tenía como uno de sus ejes más importantes el libre comercio. A ello habría que añadirle, el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales con nuestros vecinos. Los últimos gabinetes binacionales con Ecuador, Bolivia y Chile dan cuenta de ello.
Sin embargo, introdujo dos nuevas variables: enfrentar el problema venezolano y mejorar nuestras relaciones con EE.UU., temas en los cuales la diplomacia nacionalista, cuando menos, había sido ambigua. En ese momento, seguramente, se pensaba más en el triunfo de Hillary Clinton, lo que favorecería esta política de acercamiento, que en un triunfo del improvisado e impredecible Donald Trump.
Sobre Venezuela, la cancillería, el gobierno y la mayoría del congreso, decidieron ponerse no solo de lado de los sectores opositores al gobierno de Nicolás Maduro, con lo cual desconocían en la práctica a los negociadores que UNASUR y el gobierno venezolano habían designado, sino también una estrategia que incrementaba la presión internacional con el objetivo de buscar una salida rápida a la crisis en ese país. Y si bien este intento fracasó en la OEA y con ello la postura peruana, quedó claro de qué lado estaba en el Perú como me dijo un embajador extranjero en la OEA: “Me parece que Perú es uno de los pocos países que cueste lo que cueste está impulsando la salida del chavismo y la restitución de la cuarta República, para eso necesitan un enfrentamiento entre militares, entre civiles y entre militares y civiles”.
Luego de este fracaso el Perú propuso un arbitraje internacional para encontrar una solución negociada a la crisis venezolana. Lo curiosa de esta propuesta fue que la composición de los árbitros fue la siguiente: cuatro países pertenecientes al ALBA y cuatro países “democráticos” (sic) y como árbitro dirimente al primer ministro de Canadá. Esta propuesta que fue calificada por el embajador en retiro Oswaldo de Rivero como “un gran gazapo surrealista” (Diario Uno: 19/06/17) fracasó antes nacer. Como bien dice De Rivero: “El arbitraje es una institución jurídica internacional que versa sobre controversias entre Estados que es pactada previamente como un medio para resolverlas. Y es por esto que un tercer Estado no puede pedir el arbitraje sin acuerdo de las partes. Y menos aún pedir arbitraje sobre una crisis política interna”.
Pese a ello, la postura peruana se fue radicalizando aún más. En la reunión en Lima a principios de agosto, donde asistieron 12 países y no 17 como estaba planificado, no se logró el consenso que nuestra cancillería buscaba. Por eso no fue extraño que, en la conferencia de prensa, una vez terminada la reunión, el canciller Luna haya empleado una frase que no estaba en la Declaración de Lima al calificar al gobierno de Maduro de “dictadura”. Un dato curioso de esta conferencia de prensa fueron las palabras del canciller chileno, Heraldo Muñoz, que dijo que su país no aceptaba ni golpes o autogolpes como solución a la crisis en Venezuela, con lo cual mostraba sus discrepancias respecto a una salida rápida y no negociada entre las partes. Luego, vino la expulsión, medida que ningún país de la región ha tomado, del embajador venezolano. Hoy, lamentablemente el Perú, en la práctica, está al margen de una solución negociado y pacífica de la crisis venezolana tal como acaba de plantear el Papa en su reciente visita a Colombia.
Por otro lado, el Perú siguiendo el ejemplo mexicano y aceptando el pedido del presidente Donald Trump, acaba de expulsar al Embajador de Corea del Norte. Y si bien nuestras relaciones con ese país no son importantes queda claro que el Perú, como en el caso venezolano, ha terminado por alinearse con la política norteamericana lo que ha llevado a soslayar puntos importantes en la relación bilateral con ese país, como es el tema de su política migratoria que representa una verdadera amenaza a los migrantes peruanos.
He dejado al último el reciente escándalo provocado por la Superintendencia de Migraciones al impedir el ingreso al país de la diplomática saharaui Jadiyetu El Mohtar por considerarlo un tema interno. Según el oficio de migraciones la diplomática saharaui es un peligro a la “seguridad nacional y al orden público”, además, se le acusa de “usurpar el cargo de embajadora”. Y si bien estos argumentos son por decir lo menos “cantinflescos” ya que la diplomática saharaui no es ningún un peligro ni tampoco “usurpa” un cargo, puesta que esta calificación le compete a la República Saharaui y no a migraciones, debe quedar claro que este hecho -me pregunto si lo sabía el ministro del Interior- es consecuencia de la presión del fujimorismo y, acaso, de la propia Embajada de Marruecos.
Este incidente, como ahora sabemos, se inició el 14 de agosto de este año durante la sesión de instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cuando el parlamentario fujimorista Carlos Tubino pidió la palabra para denunciar la presencia en el país de la embajadora saharaui. Tubino dijo cosas que no son ciertas como, por ejemplo, que “el Perú no reconoce a la República Saharaui” (RASD) para luego exigir la presencia del canciller Luna para que explica la reunión entre el director de África de la Cancillería y la embajadora de la RASD. A este pedido se sumó la congresista Cecilia Chacón que habló, además, de la “extraordinarias relaciones con el reino de Marruecos”. Luego el congresista Rolando Reategui envío un oficio a migraciones sobre este “problema”. El lobby marroquí, si cabe la expresión, no solo mostraba sus cartas sino también sus “representantes”.
Sin embargo, lo que no se ha dicho sobre este hecho es que la presencia de la embajadora de la RASD en el país se debía a un acuerdo entre el presidente Pablo Kuczynski y el presidente saharaui durante la asunción a la presidencia de Lenin Moreno en Ecuador, que consistía, justamente, en una visita de la embajadora saharaui a la cancillería.
Por último, la carta enviada a los congresistas Marisa Glave y Alberto Quintanilla por el Canciller Luna, en lugar de aclarar este incidente lo oscurece, mostrando así una visible debilidad del gobierno frente a las presiones fujimoristas lo que nos lleva a preguntarnos sobre quién maneja nuestra política exterior. No hay que olvidarse que quien dirige nuestra política exterior, según la Constitución, es el Presidente y no la oposición fujimorista.
Fuente: http://www.otramirada.pe
