Jorge Bracamonte Allaín
Secretario Ejecutivo de la CNDDHH
Señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
Nuestra historia reciente ha estado marcada, primero, por el conflicto armado interno, que trajo consigo un ciclo de violencia, terror y dolor que azotó a todo el país y produjo sus heridas más profundas en cientos de miles de familias rurales, pobres y étnicamente diferenciadas; y luego, por la transición democrática y la justicia transicional, que ha permitido la sucesión de cuatro presidentes electos democráticamente (2001-2017), ha reducido los porcentajes de pobreza y pobreza extrema, y ha permitido que el Perú clasifique como país de renta media en el orden de naciones, entre sus mayores logros. Sin embargo, podemos señalar, que la transición no ha sido capaz de cumplir con los mandatos generados por los mecanismos institucionales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001) y del Acuerdo Nacional (2002), que se orientan a garantizar y fortalecer la gobernabilidad democrática, así como asegurar el desarrollo sostenible del país.
En este contexto, Señor Alto Comisionado, nos preocupa la situación de una democracia de baja intensidad que no valora suficientemente los derechos humanos, donde la inversión y el desarrollo se promueven a costa de los derechos de las y los ciudadanos, y donde la debilidad institucional del estado ha permitido que la corrupción, inseguridad y violencia avancen a niveles inusitados, impactando negativamente en la vida y los derechos de las personas, en especial, en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Sobre lo primero, nos preocupa que la democracia se haya convertido en el vehículo de expresión de intereses particulares, como son las grandes corporaciones empresariales o el poder económico, sectores confesionales y fundamentalistas, y también, de la criminalidad organizada, entre otros. Los partidos políticos de influencia nacional prácticamente han desaparecido, no tienen capacidad para expresar con legitimidad a una sociedad compleja y diversa (a las mujeres, a los pueblos originarios, a los grupos históricamente excluidos y/o discriminados), y no promueven mecanismos de participación o de toma de decisiones democráticos (como son las elecciones internas, por ejm.). Del mismo modo, el sistema de justicia ha sido penetrado y debilitado por grupos de interés político que dificultan la independencia y autonomía del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Procuraduría.
La crisis de representación y legitimidad de los partidos ha favorecido que grupos confesionales-fundamentalistas o al margen de la ley adquieran mayor presencia y se constituyan en espacios de mediación frente al estado, que cuestionan el principio de igualdad y presionan sobre los derechos adquiridos de la ciudadanía. Esta situación atenta contra las políticas públicas que promueven el enfoque de género, los derechos de las mujeres y reconocimiento de las y los TLGBI, y contra el cumplimiento de las obligaciones del estado peruano respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La debilidad de la democracia también ha favorecido lógicas, discursos e iniciativas de corte autoritario, que abonan a una mayor polarización social y política. En este sentido, preocupa que desde el estado, y la elite política, se promuevan iniciativas que favorecen la impunidad y violentan el estado de derecho y la seguridad jurídica, como ocurre con el anunciado indulto presidencial al sentenciado Alberto Fujimori o con la reciente iniciativa de Ley de cárceles doradas para policías y militares.
Sobre lo segundo, nos preocupa que la inversión y el desarrollo se conciba como contraria a los derechos humanos. El presidente García promovió un conjunto de decretos, conocido como paquetazo ambiental, que bajo el pretexto de adecuar la legislación nacional a las necesidades del TLC con los Estados Unidos se orientó a potenciar al máximo la inversión privada al mismo tiempo de debilitar la territorialidad de los pueblos indígenas. Luego, el presidente Humala, decretó un conjunto de leyes y normas orientadas a destrabar “la tramitología” para reactivar la economía y fomentar la inversión. Y en enero del presente año, el presidente Kuczynski ha promovido un paquete de decretos legislativos que dificultan la transparencia en la gestión pública, debilitan el papel de los organismos de control y afectan el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Este andamiaje normativo se ha sostenido muchas veces sobre la base de una retórica oficial y mediática, racista y estigmatizante, que ha manipulado en forma irresponsable los miedos y temores surgidos durante el período de violencia y terror. En este sentido, preocupa el debilitamiento de los estándares ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre con la consulta previa.
Del mismo modo, preocupa que la promoción de la inversión se sostenga sobre un marco jurídico cada vez más punitivo, en el uso indebido de la fuerza represiva del estado, y en un sistema judicial penetrado por los intereses de las grandes corporaciones empresariales, especialmente de las extractivas. Esto explica por qué en el Perú, en el contexto de los conflictos socio-ambientales, se produce un mayor número de civiles muertos a manos de la represión estatal así como un mayor número de defensoras y defensores de derechos humanos criminalizados por el sistema judicial.
Sobre lo tercero, nos preocupa que la corrupción, la inseguridad ciudadana y la violencia hayan alcanzado niveles inusitados, comprometiendo la casi totalidad del país. En el Perú, todo indica que los tres presidentes que han precedido a Pedro Pablo Kuczynski estarían comprometidos en delitos de corrupción, asimismo 14 de 25 presidentes regionales se encuentran investigados, presos y/o sentenciados por delitos de corrupción. La Contraloría General de la República calcula que el país pierde aproximadamente 3 mil millones de dólares al año, afectando en forma directa las posibilidades de acceso y goce efectivo de derechos para millones de peruanas y peruanos, como son el derecho a la educación, salud y trabajo, entre otros. Del mismo modo, la inseguridad ciudadana, la criminalidad organizada y la violencia extra-estatal afectan directamente en el acceso y goce de derechos.
Así, Señor Alto Comisionado, la transición a pesar del prolongado ciclo de expansión económica del país no ha sido capaz de fortalecer la institucionalidad democrática, ni ha logrado legitimar los derechos humanos como bien y sustento de la vida en común. Por el contrario, muchas veces el Estado ha subordinado la dignidad y los derechos de la persona humana, renunciando a su condición de garante de derechos y a la propia soberanía estatal, como a continuación se detallará en las exposiciones de mis colegas.
