2 de noviembre, 2017.- Una delegación de 12 dirigentes de la provincia de Cotabambas llegó a Lima la última semana de octubre para reunirse con diversos funcionarios del Estado. Su único pedido: que se retome la Mesa de Diálogo cuyo propósito era promover el desarrollo de la provincia de Cotabambas, la reparación a las familias de las personas fallecidas y la atención a los impactos sociales y ambientales de la actividad minera. Sin embargo, la respuesta del entonces aún viceministro de gobernanza territorial, Javier Fernández Concha, fue negativa al señalar que no había nada que dialogar sino únicamente hacer seguimiento a los acuerdos anteriormente alcanzados.
Como se recuerda, tras los conflictos de 2015 y 2016 se instaló la Mesa de Diálogo entre las comunidades y organizaciones locales, la empresa, el Gobierno Nacional y autoridades regionales y locales. Sin embargo, a partir de octubre pasado el actual gobierno suspendió su funcionamiento. El Gobierno optó por relacionarse únicamente con los alcaldes y aprobó en Lima un “plan de desarrollo provincial” que es apenas un listado de obras sin una visión integral de futuro. Además, los líderes sociales señalan que las obras no se vienen cumpliendo según lo ofrecido inicialmente. La empresa, por su parte, optó por relaciones bilaterales con cada comunidad, caracterizadas por una pronunciada desigualdad que en muchos casos, deviene en clientelismo.
Durante la reunión con el viceministro, en la que participaron cuatro dirigentes sociales y alcaldes de la zona, las comunidades pidieron la reinstalación de un espacio de diálogo permanente que incluya a la población; insistieron en la urgente lucha contra la corrupción, pues preocupa la proliferación de casos de corrupción de alcaldes en el marco de los nuevos ingresos económicos vinculados a la minería; demandaron una visión de desarrollo sostenible e integral; y exigieron el cumplimiento de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo sobre derechos humanos y atención integral a las familias de las víctimas fallecidas.
“Creemos que la mesa debe ser un espacio participativo.Hay temas que no están considerados en el plan como los derechos humanos y formas de evitar la corrupción”, dijo Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de Cotabambas.
“Hay mucha pobreza allá a pesar que la minera La Bambas existe allá al ladito, pasa por nuestra carretera, pero no está beneficiando a la comunidad, no estamos atendidos por la empresa ni por el Estado”, explica Merardo Córdova, poblador y miembro de la delegación que estuvo en Lima.
Pese al pedido, el ahora ex viceministro descartó que se necesite reabrir el diálogo y únicamente ofreció dar seguimiento a las obras. Pocos días antes, el gobierno volvió a ampliar “preventivamente” el Estado de Emergencia en tres distritos de Cotabambas: Challhuahuacho, Haquira y Mara. ¿El gobierno prefiere tener a la zona indefinidamente en estado de emergencia, en vez de retomar el diálogo con los actores sociales?
Según explicaron los dirigentes, Cotabambas no quiere repetir la experiencia de otras regiones o localidades, como Ancash donde proliferó la corrupción y las mafias en el marco del boom minero, Cajamarca donde tras más de 20 años de minería no hubo un desarrollo integral sostenible sino por el contrario continuó siendo una región pobre, o Espinar, donde hay una grave afectación por contaminación. Cotabambas está iniciando su relación con la minería y exige ser escuchada para garantizar que éste se lleve a cabo de la mejor manera posible para garantizar un desarrollo respetuoso del medio ambiente y de los derechos humanos.
Derechos humanos
“Queremos que nos apoye el Estado, que se responsabilice de nosotros, porque somos cinco hermanos y prácticamente no recibimos nada, no nos apoya en nada”, pide Tania, hija de Beto Chahuayllo, una de las cuatro personas fallecidas por la represión a las protestas sociales en Cotabambas.
Uno de los puntos acordados en la Mesa de Diálogo tenía que ver la atención a las familias de los fallecidos, las mismas que viven graves secuelas sicológicas y una difícil situación económica. Pese a ello, estos acuerdos se han implementado muy parcialmente, y estas familias continúan en abandono, siendo más apoyadas por la comunidad (que realizó una pollada hace algunas semanas) que por el estado o la empresa.
Durante su visita, la delegación sostuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes se comprometieron a hacer seguimiento al proceso judicial que debería sancionar a los responsables de estas muertes. También plantearon la posibilidad de hacer un diagnóstico de la situación de las familias. Esperemos que estos compromisos se cumplan para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas.
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