El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre las persistentes amenazas de muerte en contra del Sr. Huber Flores, comunero y dirigente de la comunidad indígena de origen Shipibo-Conibo de Santa Clara de Uchunya, en la Región de Ucayali, en la parte centro-oriental del Perú, cuyos territorios ancestrales abarcan unas 86.000 hectáreas de las cuales apenas únicamente unas 200 les han sido tituladas por las autoridades peruanas hasta la fecha. Como dirigente de la comunidad el Sr. Flores ha defendido derechos humanos relacionados con la tierra.
Según la información recibida, el día 23 de septiembre, el Sr. Huber Flores recibió amenazas de muerte por parte de quince personas que, según las informaciones recibidas podrían estar involucradas en actividades de tráfico de tierras[1], quienes portando armas de fuego, le rodearon y le exigieron que abandonara la comunidad. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes y hay una investigación abierta.
Estos hechos se producen en el contexto de un conflicto sobre la tierra que tiene su origen en diciembre del 2012, año en el que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali facilitó una compraventa de 4.759 hectáreas de terrenos entre un grupo de agricultores reunidos en la Asociación de Productores Agropecuarios Las Palmeras de Tibecocha y la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa (vinculada con el Grupo Melka, que ahora se llama Ocho Sur P S.A.C.) entre denuncias sobre irregularidades en las constancias de posesión[2] que habían sido entregadas por las autoridades. Entre los propietarios de los terrenos vendidos figuraba la comunidad de Santa Clara de Uchunya, que no fue consultada sobre dicha venta.
Desde entones, traficantes de tierras se han dedicado a solicitar constancias de posesión sobre territorio ancestral de la comunidad al Gobierno Regional de Ucayali para luego vender las tierras a la palmera, que procede a reemplazar bosques primarios por cultivos agroindustriales. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos en contra de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y otras comunidades nativas de Ucayali no solo han afectado sus derechos sobre la tierra, sino que el 1 de septiembre de 2017 se produjo el asesinato de seis campesinos en el distrito de Nueva Requena, que fueron maniatados y, posteriormente, ejecutados mediante disparos en la cabeza en unos hechos que se enmarcarían en los esfuerzos para acaparar terrenos en la zona par después venderlos al mejor postor.
En este contexto, otras personas defensoras de la zona han recibido amenazas por parte de traficantes de tierras y trabajadores presuntamente ligados a la empresa de palma aceitera, tanto de forma presencial como a través de mensajes de texto, incluyendo al presidente de la comunidad Carlos Hoyos Soria, el teniente gobernador James Lozano Sangama, el agente municipal Álex Soria Bardales, el coordinador Joel Nunta Valera así como los comuneros Rodit Guerra Tenazoa yMiguel Fasabi Sinuiri.
El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que las amenazas en contra del Sr. Huber Flores se producen en el contexto del violento conflicto sobre la tierra en la región de Ucayali pero, además, se suma a otros incidentes previos en su contra. Las primeras amenazas en su contra se produjeron en 2012 cuando se negó a aceptar dinero a cambio de ceder sus tierras, colindantes con las adquiridas por Plantaciones de Pucallpa, y desde entonces se han producido varios incidentes. El 1 de enero de 2014 la casa del Sr. Huber Flores fue quemada por personas desconocidas y el 11 de febrero un grupo de personas, presuntamente trabajadores de la empresa de palma aceitera Ocho Sur P S.A.C., intentaron agredirlo en presencia de su esposa e hijo ante la negativa del Sr. Flores a abandonar la comunidad.
El Observatorio destaca las dificultares para la defensa de derechos humanos en Perú. Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados y a final del 2016, 792 personas defensoras enfrentaban procesos judiciales a nivel nacional, el 55% por acciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas[3].
Por todo el anterior, el Observatorio condena enérgicamente las amenazas en contra del Sr. Huber Flores que parecen deberse a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos e insta a las autoridades peruanas a desarrollar urgentemente y en concertación con la sociedad civil una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos en el país.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Perú instándolas a:
- Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Huber Flores, la de todas las personas defensoras operando en la Región de Ucayali y, en general, la de todas las personas defensoras de derechos humanos en Perú;
- Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Tomar acciones urgentes para frenar la expansión violenta de cultivos agroindustriales, como la palma aceitera, en territorios de pueblos indígenas, que resultan en su hostilización y amedrentamiento, tanto en la región de Ucayali como en toda la Amazonía peruana.
- Desarrollar urgentemente y en concertación con la sociedad civil una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos en Perú;
- Proporcionar espacios seguros para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y de las comunidades en el desarrollo e implementación de políticas públicas, garantizando en particular la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas por los proyectos económicos y de desarrollo;
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Perú.
Direcciones:
- Sr. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República del Perú. E-mail: [email protected];
- Sr. Carlos Basombrío, Ministro del Interior de la República del Perú. E-mail: [email protected];
- Sr. Enrique Mendoza Ramírez, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú. E-mail: [email protected]
- Sr. Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación. E-mail: [email protected];
- Dr. Víctor Lucas Ticona Postigo, Presidente del Poder Judicial. E-mail: [email protected];
- S. E. Sr. Luis Enrique Chávez Basagoitia, Embajador, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: [email protected];
- S. E. Sra. Cristina María del Rosario Ronquillo de Blödorn, Embajadora del Perú en el Reino de Bélgica. E-mail: [email protected];
- S. E. Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Embajadora del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: [email protected];
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Perú en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 6 de noviembre de 2017
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
- E-mail: [email protected]
- Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
- Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] Con el concepto “traficantes de tierras” se hace referencia al actuar de personas o grupos que a través del comercio ilegal de títulos de propiedad, en muchos casos vinculado con desplazamientos forzosos de las comunidades de sus territorios, buscan acaparar terrenos para su posterior venta para el desarrollo de proyectos extractivos, agroindustriales, etc.
[2] Los municipios otorgan certificados o constancias de posesión que, en principio, sirven para que los solicitantes puedan acceder a la prestación de servicios públicos. Sin embargo, en la práctica son utilizados por usurpadores de terrenos, poseedores ilegítimos o precarios, para legitimar esta posesión indebida y ser reconocidos como propietarios.
[3] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Informe Anual 2015-2016, “Criminalización de la protesta y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, disponible en: http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf
