La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Nacional de Centros (ANC), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), saludan la decisión tomada por el presidente del Uruguay, señor Tabaré Vázquez, de no conceder el asilo diplomático al ex-Presidente Alan García Pérez, sosteniéndose en estrictas razones jurídicas que responden a la rigurosa aplicación de los artículos 2° y 3° de la Convención sobre Asilo Diplomático de la OEA (Caracas, 1954).
Como se sabe, representantes de la sociedad civil del Perú se hicieron presentes en el Uruguay y sostuvieron un conjunto de reuniones con autoridades y representantes clave de dicho país. La conclusión de la delegación peruana fue que Uruguay tomaría su decisión respetando escrupulosamente el marco de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, considerando especialmente la información sobre la situación actual del estado de derecho en el Perú, así como, sobre la independencia y capacidad del sistema de justicia para garantizar los derechos de quienes son procesados, en particular de quienes vienen siendo investigados por el caso LavaJato.
Otra preocupación manifiesta en la visita, identificada tanto en el gobiernista Frente Amplio, en la oposición del Partico Nacional, y entre representantes de sociedad civil, fue que “el posible otorgamiento de asilo al ex-Presidente García Pérez -en un contexto en el que viene siendo investigado por el Ministerio Público-, podría convertir a la institución del asilo diplomático en una estrategia de impunidad para quienes han delinquido no sólo en el Perú, sino en toda la región”. En este sentido, la necesidad de tomar una decisión debidamente informada por parte del Presidente Tabaré Vázquez facilitó que la sociedad uruguaya alcanzará un amplio consenso sobre la condición de no perseguido político de Alan García, sino de persona investigada por “delitos económicos”.
Con esto resulta comprensible el anuncio dado hoy por el Presidente del Uruguay, en conferencia de Prensa, donde señala que: “…No hemos concedido el pedido de asilo, porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado. Es precisamente el Poder Judicial (peruano) el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político”, señaló Tabaré Vázquez.
Luego de conocerse la respuesta por parte del gobierno de Uruguay, el ex-presidente García abandonó la residencia del embajador de Uruguay. En este sentido, desde la sociedad civil se exhorta al Ministerio Público y Poder Judicial continuar con las investigaciones sobre el caso LavaJato, las mismas que comprometen además de Alan García, a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Luis Castañeda Lossio, entre otros representantes de la política nacional.
Lima, 03 de diciembre del 201
