Las organizaciones de la sociedad civil, redes, gremios, colectivos, plataformas, ciudadanos y ciudadanas expresamos a la sociedad peruana lo siguiente:
Décadas de corrupción cometidos por todos los presidentes en casi 20 años de transición democrática ha movido la conciencia de la ciudadanía, en sus diversos sectores, edades y géneros, que han dicho basta a la corrupción y vienen movilizándose en estos años contra este flagelo que debilita la institucionalidad democrática y merma los recursos del Estado impidiendo que éste asuma acciones eficaces contra la situación de pobreza y desigualdad en la que viven miles de peruanos y peruanas.
No se trata únicamente del saqueo del patrimonio del Estado. La corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos. En suma, estamos viviendo una crisis sistémica, que nos mina como república y que es urgente e imperativo cambiar.
La lucha anticorrupción se enfrenta al poder político y del dinero. La investigación debe continuar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Tenemos derecho a la verdad.
La decisión del ex presidente Alán García Pérez de quitarse la vida, no es sólo una tragedia personal y familiar, que respetamos, sino que está teniendo serias repercusiones en la lucha anticorrupción.
Frente a este lamentable suceso, el APRA y algunos sectores políticos interesados están tratando de generar, irresponsablemente, en la opinión pública la idea de que este lamentable suceso tendría como causantes a la Fiscalía anticorrupción, al presidente Martín Vizcarra, y al periodismo de investigación, con el fin de que la lucha contra la corrupción se frustre y pierda respaldo ciudadano. Ellos saben mejor que nosotros que son los jueces los que deciden y tienen el control de las medidas excepcionales, son ellos y no los fiscales los que deciden las detenciones preliminares.
Por eso, rechazamos las acciones de hostigamiento contra los fiscales del Equipo especial Lava Jato, especialmente contra José Domingo Pérez y Henry Amenábar; así como, las amenazas y acciones judiciales contra periodistas de investigación como en los casos de Gustavo Gorriti y el equipo de IDL Reporteros, Ojo Público y su director Óscar Castilla, Edmundo Cruz (La República).
Hacemos un llamado a la ciudadanía para seguir respaldado a los fiscales y vigilando que no se vulnere su independencia, necesaria para seguir avanzando, y a los periodistas que han hecho posible con sus denuncias e investigaciones el conocimiento de gravísimos casos.
Tenemos derecho a la verdad. Estamos en un momento decisivo para la vigencia de este derecho. En estas circunstancias, los y las ciudadanas víctimas de la corrupción no sólo tienen derecho a la justicia sino también derecho a la verdad.
Los ciudadanos y ciudadanas merecemos un país limpio de corrupción. Por eso, seguiremos luchando para erradicarla en cualquiera de sus formas y niveles, desde los niveles más bajos hasta los más altos.
Suscriben:
- ANC – Asociación Nacional de Centros
- CNDDHH – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
- CEAS – Comisión Episcopal de Acción Social
- Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”
- Movimiento Manuela Ramos
- CGTP – Confederación General de Trabajadores del Perú
- CONADES – Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social
- FOVIDA – Fomento de la Vida
- CAAAP – Centro Andino y Amazónico de Aplicación Práctica
- Fórum Solidaridad Perú
- SER – Servicios Educativos Rurales
- Centro de Promoción de la Mujer “Micaela Bastidas”
- SEPAR – Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural
- Asociación ARARIWA
- ILLA
- Alternativa
- Grupo Nacional de Presupuesto Público
- JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
- IDL – Instituto de Defensa Legal
- Frente Callao Dignidad
- CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo
- Foro Juvenil de Izquierda
- Perú Equidad
- CONADES Juvenil
- APRODEH – Asociación Pro Derechos Humanos
- Siguen firmas …
¡Apóyanos con tu firma y súmate al pronunciamiento!
entra aquí: https://bit.ly/2PycApv
El 20 de diciembre de 2017 la ANC establecio por decreto que los partidos que no participaron en elecciones anteriores debian volver a revalidarse ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ya lo habian hecho a principios de ano.
La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente podran tomarla el Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.