Pronunciamiento público del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC)
Julio de 2019
Las redes y organizaciones ciudadanas que conformamos el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), conscientes que la corrupción: 1) se apropia indebidamente de los recursos de los y las ciudadanas, impidiendo la realización de los Derechos Humanos y el acceso a los servicios básicos que el Estado debe proveer, atentando contra el desarrollo personal y del país, 2) es compleja y adquiere muchas formas, la más alarmante es -en los últimos tiempos- la captura de instituciones del Estado a través de actividades ilegales, 3) se vale de operadores que tienen una presencia extendida en los poderes políticos y judiciales, los mismos que le garantizan impunidad, y 4) a pesar de su dañina presencia e impacto, todavía es posible combatirla y derrotarla con la innegable indignación y movilización ciudadana que exigió e impuso los procesos de reforma judicial y política, todavía insuficientes, sobre los cuales manifestamos lo siguiente:
LA REFORMA JUDICIAL ES SABOTEADA POR LOS MISMOS PODERES Y ÓRGANOS PÚBLICOS QUE DEBEN IMPULSARLA
- Exigimos a la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que asuma su responsabilidad ante el país, cumpla con su deber y explique las razones de su fracaso en esta tarea, que es el corazón de la reforma judicial, y sin la cual, no se podrá implementar ninguna otra medida.Exigimos al presidente de esta Comisión, el Defensor del Pueblo, Sr. Walter Gutiérrez, que aclare sus afirmaciones sobre que la Ley Orgánica que regula este proceso de selección “es un lastre”. Debe explicar a la ciudadanía, cuáles son –a consideración de la Comisión Especial– los cambios necesarios en esta Ley, para modificar las Bases del Concurso Público y llevar a cabo la elección definitiva de la JNJ en el más breve plazo, así como, evitar inconvenientes posteriores en las labores que ésta tendrá que realizar. El país exige que este proceso resulte transparente y no sufra más demoras.
- Exigimos al Congreso de la República, y especialmente, a los representantes de Fujimorismo y del Partido Aprista, que dejen de sabotear la reforma judicial, con leyes inconsistentes y destinadas a fracasar en su implementación, para luego pretextar el “apuro” del Ejecutivo o la falta de tiempo para cumplir con su deber. Al mismo tiempo, que respeten los resultados del referéndum del 09 de diciembre pasado, y cesen los “blindajes” a los operadores de la corrupción, como hace unos días ocurrió con el ex Fiscal de la Nación, repudiado por toda la ciudadanía. Rechazamos la decisión de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que, de manera unilateral e injustificada, se retiraron de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sentando un grave precedente de insospechadas consecuencias para la institucionalidad del país.
- La demora y obstáculos para implementar la reforma evidencian complicidad con la corrupción y su poder impune. Resulta trágico para el país que los presidentes de la república de las dos últimas décadas hayan devenido en piezas clave y/o en cómplices de la corrupción. Del mismo modo, la gravedad de la crisis y debacle del sistema de justicia, atrapado por las redes y mafias de la corrupción, no admiten pretextos de tiempo para una reforma a fondo. En este contexto la ciudadanía se ha constituido en la reserva moral que demanda la urgencia de cambios siempre postergados en el país.
- El presidente de la República, Martín Vizcarra, al renunciar al uso de los instrumentos constitucionales para hacer frente al permanente y público sabotaje de la voluntad ciudadana -expresada en el referéndum-, contribuye a la estrategia de recomposición de los operadores de la corrupción, que busca desgastar, cansar y confundir a la ciudadanía. Cada día de postergación en la aprobación e implementación de las reformas fortalece y garantiza impunidad para los corruptos y sus operadores que actúan desde el sistema de justicia y la política. Es sintomático, en este sentido, que el Poder Judicial, no muestre ninguna señal de voluntad de apoyar decididamente la reforma. Los operadores de justicia públicos en diversas zonas del país ni siquiera conocen los avances mínimos logrados, ni reciben directriz alguna para implementarlos o siquiera conocerlos.
UNA REFORMA POLÍTICA RECORTADA NO GARANTIZA CAMBIOS
- Las fuerzas mayoritarias en el congreso han mostrado públicamente su voluntad de rechazar las reformas políticas demandadas por la ciudadanía. Desde el Congreso Fuerza Popular y el Partido Aprista han combinado una estrategia de rechazo, alteración y minimización que desvirtúa el sentido de las reformas políticas propuestas por el poder ejecutivo vía la cuestión de confianza, las mismas que cuentan con el amplio respaldo ciudadano. Una muestra vergonzosa de ello es lo sucedido con el debate sobre la paridad y alternancia. Los sectores más conservadores y anti-derechos del Congreso pretendieron negar el derecho a la igualdad política de las mujeres, argumentando que la paridad y alternancia es opuesta a la meritocracia y que expresa una estrategia para el avance de la “ideología de género”. A pesar del poder que estos sectores tienen en el Congreso, el trabajo de las mujeres parlamentarias de diversas bancadas, y de las organizaciones feministas, reunidas en la “Campaña somos la mitad, queremos paridad”, ha permitido que se apruebe una fórmula que garantiza el desarrollo progresivo hasta alcanzar la paridad total en el año 2031. No deja de llamar la atención que en pleno proceso de una reforma que pretende democratizar la política, importantes sectores evidencien su oposición a la igualdad real de hombres y mujeres.
- La reforma política se propuso evitar que el uso indebido de la inmunidad parlamentaria, que en la práctica, se ha convertido en un privilegio para quienes han delinquido y tienen sentencias judiciales. La institución de la inmunidad parlamentaria ha devenido en una herramienta para el blindaje de quienes no rinden cuenta de sus actos ilegales y evaden a la justicia, convirtiendo al parlamento en un recurso de impunidad. Nuevamente Fuerza Popular y sus aliados, han rechazado la posibilidad que una entidad externa al Congreso pueda levantar la inmunidad parlamentaria para quienes han trasgredido la Ley.
- Otro ejemplo revelador es la nula consideración de las propuestas que establecen una circunscripción electoral especial para los Pueblos Indígenas, quienes sufren toda clase de atropellos a los que se suma esta exclusión. De igual manera se ha olvidado una vez más la representación para los/as peruanos/as en el exterior, quienes siguen viendo negados sus derechos. Ambos casos son un indicador más de la evidente voluntad política de mantener la baja calidad democrática y la exclusión en el país.
- Como resultado de ello, la evidente y pública crisis del sistema político del país no será resuelta por la reforma mínima que actualmente está en debate, estos son solo los primeros pasos de una reforma que recién comienza. Ha sido la ciudadanía la que ha impuesto este proceso de reformas políticas y será la ciudadanía, sin ninguna duda, la que lo continuará, con su movilización social y su decisión electoral.
SOLO LA INDIGNACIÓN Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA PODRÁN DESTRABAR EL SABOTAJE DE LA REFORMA JUDICIAL Y EMPUJAR LAS REFORMAS POLÍTICAS QUE RECIÉN INICIAN
Fueron la indignación y la movilización ciudadana ante las graves evidencias de corrupción judicial y política, las que lograron imponer los avances hoy amenazados. Por eso, llamamos a las organizaciones sociales, populares, de mujeres, indígenas, de jóvenes, de trabajadores, a articular su acción para obligar a quienes hoy la sabotean desde dentro a cumplir con el mandato de avanzar con las reformas judicial y política, imprescindibles para salvar y regenerar al país.
Así lo amerita la demanda ciudadana y la opinión pública en favor de temas fundamentales como la apertura del sistema democrático a nuevas fuerzas políticas, el control del dinero en la política, la democratización interna de los partidos, la paridad y alternancia, entre otras necesidades y propuestas.
Si los actuales actores políticos no han estado a la altura de su responsabilidad histórica, el país y la ciudadanía sabrán encontrar otros que sí lo harán.
La proximidad del bicentenario de la independencia nos convoca, una vez más. La resignación no es una opción.
Perú, J
ulio de 2019
