La crisis sanitaria del COVID-19 agudizara más el distanciamiento económico entre los que más ganan y son los menos y los que menos ganan pero que son la amplia mayoría de la pirámide social.
Luis Castillo Paulino (*)
El curso de la vida humana en toda su dimensión enfrenta hoy uno de las crisis más graves que se tenga data desde los acontecimientos funestos ocurridos en el siglo XX. La pandemia del Coronavirus ha invertido todos los indicadores en las Naciones que transitan por el pico de la pandemia y generado secuelas tan profundas que afectaran su desarrollo en el tiempo que sigue. Ningún país estuvo preparado para enfrentar un shock tan mórbido y lacerador.
La pandemia origina la pérdida de vidas humanas de modo escalofriante, pero también nos arroja a la súbita pobreza y el desarraigo social. En los países del tercer mundo como el nuestro, el hambre se convirtió en la secuela más inmediata de la pandemia, llevando a la mayoría de la población a la desesperación y el refugio. El éxodo clamoroso de grupos humanos que lo han perdido todo al interior del país, desnuda nuestra fragilidad y la impertinencia de un Estado para proteger lo más esencial del ser humano.
La pandemia tiene curso en un país que ya se batía en crisis, sin haberlo generado pero que ahora la apuntala. Las medidas adoptadas para contener la pandemia no son asertivas y solo generan más incertidumbre y caos social. A pesar de la decidida intervención de los médicos y el personal de salud en primera línea, y del personal de las FFAA y FFPP, las bajas en muertes e infectados son continúas. Ninguna de las duras medidas de aislamiento y contención ha podido frenar el avance de la pandemia, ni fueron suficientes para proteger a los más pobres, movidos por el impulso de la sobrevivencia, ni responder a su esperanza y sin detener los acontecimientos.
La economía
La gran depresión que se avecina dejara profundas huellas en nuestra historia. A pesar de la relativa fortaleza fiscal de la economía peruana, el colapso ocasionado por el paro deliberado de la economía, la reducción de la oferta y demanda, la terminación de los empleos solo conllevara a una brutal caída del PBI que se proyecta en más del 20% para este año. Solo en las primeras cinco semanas del aislamiento el PBI se paralizo entre el 50 y 55% del PBI según IPE. Los indicadores de pobreza escalaran a más de la mitad de la población nacional y será mayor en las áreas rurales. A ello se suma el fracaso de los sistemas de focalización SISFOH para asignar los recursos a los más pobres, situación que se viene arrastrando hace dos décadas.
El financiamiento de las medidas en la fase de contención y para la reactivación inicial resultan insostenibles en el tiempo. Solamente hasta abril el ingreso tributario nacional cayó en un 18%. El excesivo gasto público para atender la emergencia en cerca del 15% del PBI y el desbalance fiscal nos arrojara a mayores emisiones, al endeudamiento externo, a la creación de impuestos y apelaciones a la solidaridad para atender las incesantes demandas. Solamente hasta mayo de este año el Gobierno ha emitido Bonos por 3,300 millones de dólares, solicitado una línea de crédito al FMI por 18 mil millones de dólares y formalizado un préstamo con el BIRF por 93 millones. De la crisis saldrá un Peru mucho más pobre, más desigual y excluyente. El Estado, más vulnerable, enfrenta una de sus peores momentos y amenaza con arriesgar la misma gobernabilidad.
El camino de la recuperación será largo, incierto y para muchos poco prometedor. Las pérdidas son enormes para las empresas y con mayor impacto en el sector de la micro y pequeña empresa. A la caída del sector pesquero, manufacturero y de construcción, y reducción de las exportaciones del último trimestre del 2019, se suma ahora la caída dramática de todos los sectores de la economía a causa de la pandemia. La crisis sanitaria del COVID-19 agudizara más el distanciamiento económico entre los que más ganan y son los menos y los que menos ganan pero que son la amplia mayoría de la pirámide social. Al mismo tiempo impactara la organización y contenido del trabajo en casi todas las actividades económicas, incrementando el empleo de medios tecnológicos en los procesos de trabajo para optimizar los resultados.
Se impone por ello al país la tarea de estructurar un Plan Estratégico de Desarrollo Humano, con cohesión social y visión de futuro, en remplazo de la política y planes de competitividad y productividad del 2019, carentes de consenso y legitimidad social. Trabajar en las nuevas oportunidades e incidir en nuestras fortalezas, absorbiendo los impactos de los factores exógenos (precios de materias primas, crisis financieras, amenazas sanitarias) y endógenos de la economía (lavado de activos, narcotráfico, subversión, contrabando) que perturban el desarrollo. Para ello se debe aplicar un modelo económico que controle y potencie los costos de la economía como la tasa de interés, la inflación, los aranceles y el precio de la mano de obra para los fines de la reactivación economica, fortaleciendo y protegiendo la producción nacional y la demanda interna, diversificando y ampliando nuestras exportaciones no tradicionales y revalorando el costo de la mano de obra. Para ello se debe impulsar un Programa Nacional de Desarrollo del Capital Humano e Industrialización, con diversificación productiva, aplicando mayores aranceles en forma selectiva, elevando el intercambio comercial, fortaleciendo la moneda, mejorando nuestras reservas y equilibrando nuestra balanza de pagos.
Además se debe introducir mecanismos que refuercen la aplicación de las tasas de referencia del BCR por parte de las entidades del sistema financiero, aplicando medidas de estímulo a la demanda interna. Asimismo se debe elevar la presión tributaria reformando la escala de aplicación del impuesto a la renta, eliminando de las deducciones del impuesto en la minería, gas y petróleo, servicios financieros, seguros y renta alta, y fijando mayores tasas del impuesto a la renta a las empresas con mayores facturaciones en el país. No debe ser un impuesto a la clase media. Al mismo tiempo se debe incrementar el presupuesto público anual, especialmente en los sectores de salud, educación, trabajo, producción, agricultura e inclusión social, así como el presupuesto para los gobiernos regionales en las funciones antes señaladas.
El empleo y trabajo
El porcentaje de desempleados batirá record históricos. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) para el trimestre móvil enero-marzo de este año, se perdieron 107 mil empleos en empresas con menos de 10 trabajadores y se contrajo en un 4% el empleo adecuado con pérdida de poco más de 110 mil puestos en la construcción, comercio y servicios, registrándose además un aumento del subempleo en 13.7% en dichos sectores. Se estima que el desempleo formal escalara a nivel nacional por encima del 25% durante la etapa más dura de las restricciones impuestas por el Gobierno, siendo casi total en ciertos subsectores. En países como el Peru donde la informalidad laboral es más elevada o hay más trabajadores auto empleados, la pérdida de empleo será mayor, exacerbando la desigualdad. Al no contar con seguro de desempleo y no tener capacidad de ahorros, la reubicación y migración será casi la única opción para un gran sector de la población.
El FAE MYPE orientado a financiar y preservar el empleo con un fondo de 882 millones de soles apenas ha beneficiado a 79 mil mypes formales, que tenían una calificación moderada para acceder al crédito, otorgándoles un préstamo para capital de trabajo u operaciones de reestructuración y refinanciamiento de sus deudas, con una garantía del Estado del 98%.
Mientras tanto el programa REACTIVA PERU se ha dirigido a empresas que no tengan deudas con el Estado con un fondo del BCR por 30 mil millones de soles colocados a los bancos, para que otorguen préstamos equivalentes a un mes de ventas y a tasas entre el 0,59% y 1,90% anual para pagar a sus trabajadores y sus proveedores, con el aval del Estado entre el 80% a 98%. Sin embargo, del adelanto de 8 mil millones adjudicados a los bancos, 7 mil millones ya se han prestado a las empresas que solicitaron préstamos entre 10 y 5 millones, mientras que solo 800 millones se colocaron en préstamos de hasta 300 mil y apenas 195 millones para las mype por préstamos de hasta 30 mil. Está claro que este programa se diseñó para beneficiar a las grandes empresas de alta facturación, cuyas sedes matrices están en las sedes de los paraísos fiscales de las Bahamas, Bermudas y otros, dejando por fuera a casi la gran mayoría de las microempresas. Está claro que ello grafica la fuerte alianza que existe entre los grupos de poder con el MEF y BCRP, y que los grupos de poder pueden resultar al final de la crisis con mayor riqueza.
Por otro lado la tasa de informalidad laboral asalariada urbana superara a niveles mayores al 65-70%, mientras que la relación salario mínimo y salario promedio se acercaran más, a causa de la caída de la remuneración promedio nacional. Solamente hasta abril se estima una caída del 33% de los ingresos promedio de las personas y esta situación se gravara más aun, haciendo más pobres a los pobres y pauperizando al sector de la clase media, que solo era no pobre. El incremento de la remuneración mínima anunciado antes de la pandemia quedara postergado por un largo tiempo. Las tasas de sindicación y negociación colectiva se reducirán ostensiblemente a causa de la reducción de remuneraciones y jornadas en las empresas, la suspensión perfecta aplicada a los trabajadores y ola de despidos. El desempleo agudizara las tasas de exclusión social y discriminación laboral a escala gigantesca. A ello se agrega la situación de los 800 mil venezolanos que están a están en el país y que viven una realidad clamorosa. El dialogo social en el ámbito laboral fracasa debido a su desdeño por parte del Gobierno y a causa del populismo seducido durante la crisis al interior del gobierno, que ya raya a una nueva etapa de polarización y conflicto social.
La planificación e implementación de un vasto Plan de Protección Social del Empleo 2020 – 2021 es imperativa y fundamental para la sobrevivencia como país, que supere las exclusiones del programa Reactiva Peru. Este salvataje debe tener dos ejes: 1) Un Plan de financiamiento productivo orientado preferentemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para gastos de inversión y capital de trabajo, con amplios periodos de gracia y de pago, a tasas de interés no mayores del 1% anual y con la garantía y supervisión del Estado peruano, que además promueva la incorporación de los trabajadores en planilla en el caso del sector informal. Este plan debe poner topes al tamaño o la facturación de la empresa y excluir a aquellas que estén vinculadas en Lima a sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales, países o territorios considerados de baja o nula tributación; 2) Un Plan ejecutivo de colocación laboral para trabajadores cesados durante la crisis sanitaria, orientado a su reinserción laboral en actividades diferentes, en convenio con las empresas del Estado y empresas privadas y a cambio de la reducción de sus impuestos, bajo la protección y supervisión del Estado.
Además debe crearse el Seguro de Desempleo sostenido por una tasa a cargo de las empresas y trabajadores, cubierto en la proporción del 95% y 5% respectivamente, que cubra no menos de 8 meses de desempleo. Debe asimismo regularse los mecanismos de actualización anual de la Remuneración mínima, con la opinión previa del Consejo Nacional del Trabajo, en base a los factores de productividad multifactorial e inflación anual. Además la recuperación de remuneraciones en las empresas debe ser el resultado de políticas deliberadas de estímulo financiero para el incremento de la productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiándolas con la deducibilidad de impuestos por inversión en innovación productiva. Durante el periodo de la emergencia sanitaria se debería además inafectar el pago a cuenta del impuesto a la renta de los trabajadores cuyos ingresos sean menores a 6 UIT en el año.
Salud
La enfermedad vivirá entre nosotros hasta que se produzca en el mundo la vacuna y el antiviral para erradicarla. Antes de la pandemia los establecimientos médicos de los seguros EsSalud, el SIS y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales no brindaban la cobertura esperada por estar colapsadas, no cumpliendo con un estándar mínimo esencial. El paso de la pandemia –ahora con más de 100 mil infectados y 3 mil muertos– nos deja ahora un sistema de salud exhausto, más desfinanciado, con menos oferta de sus servicios y especialidades, con una cuantiosa demanda desatendida, con escasez de personal asistencial y con una infraestructura sin renovar y clamorosamente inapropiada. La anacrónica dualidad del sistema de salud peruano, uno público (Minsa) y otro contributivo (EsSalud) solo evidenciaron su fracaso e ineficacia como sistema para cumplir con su misión esencial. A la fecha apenas se mantienen y enfrentan graves problemas para manejar el alto número de pacientes que mueren por COVID, atravesados además por innumerables conflictos internos con médicos y enfermeras.
Las reformas efectuadas en materia de salud en los últimos años no resultaron positivos para la población. Las disposiciones sobre Reorganización del Ministerio de Salud y de modernización del Sistema Nacional de Salud no significaron ningún cambio sustantivo para la atención de las necesidades pues subsisten las limitaciones para la cobertura y mejora en la calidad de la atención en salud. Del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) han quedado excluidas una serie de atenciones e intervenciones para enfermedades de alto costo como la diabetes y el cáncer. Al tener además un tope sanitario máximo por cada paciente, toda enfermedad costosa ha quedado fuera del sistema, con lo cual no se garantizaba siquiera una prestación suficiente de salud. Sin mayor presupuesto las reformas emprendidas fueron en evidente fracaso.
La propia creación de la Superintendencia de Salud SUSALUD estuvo más alineado en la dirección de privatizar la salud. El Estado no asumió a cabalidad su rol garantista del derecho a la salud y de que se brinde «a todos los peruanos un igual acceso y oportunidades en el tratamiento de la salud». El MINSA pretendió inclusive entregar al sector privado la gestión de los hospitales más importantes a través de la modalidad de asociaciones público privado, en manos de consorcios privados que solo esperaban maximizar sus ganancias y convertir la salud en un negocio, antes que priorizar la atención de las necesidades de la población.
Las medidas adoptadas hasta ahora el Ministerio de Salud para optimizar la oferta de servicios a través de sus 600 establecimientos a nivel nacional y asegurar un mayor acceso a los medicamentos no favorecieron a quienes están en extrema pobreza, pero si a quienes se encuentran con cierta capacidad contributiva. El Seguro Integral de Salud SIS solo cubre al 53% de la población en sus tres seguros: Gratuito, Independiente y Emprendedor. Los pobres solo tienen acceso a una cobertura mínima y no cubre a todos los peruanos en extrema pobreza. El sistema nacional de salud está lejos de ser universal pues no brinda un servicio gratuito de salud para los pobres. La atención sólo garantiza la prestación de planes básicos, pero no para las enfermedades complejas y degenerativas, no encontrándose cubiertos. El modelo no asegura ningún esquema constitucional de vigilancia de parte de los asegurados y los pacientes. Tampoco existe ningún mecanismo que asegure el control social de sus usuarios al interior de las redes y centros de salud, orientado precisamente a garantizar la protección de los derechos de los pacientes y coberturados.
Mientras tanto, el Seguro Social de Salud EsSalud solo cubre al 35% de la población. Su cobertura creció en los últimos años pero muy lentamente. Actualmente tiene 411 establecimientos y cerca de 8,5 mil camas, pero también un déficit de 9 mil camas adicionales (equivalente a 36 hospitales de 250 camas cada uno). Asimismo solo cuenta con 11 médicos, 9 enfermeras, 3 obstetras y 1 odontólogo por cada 10 mil cubiertos por sus sistemas, y grandes diferencias en el número de personal en las regiones, lo que afecta la equidad y embalsa sus servicios. Asimismo padece de un déficit crónico de cobertura de productos farmacéuticos (cerca del 10%) y de elevadas necesidades inversión en infraestructura y equipamiento asistencial. Por ello más del 10% de los asegurados en EsSalud financian sus propias consultas médicas y medicamentos fuera de la misma. Si bien depende orgánicamente del Ministerio de Trabajo y se articula rectoralmente con el MINSA, ahora depende del FONAFE adscrito al MEF para la aprobación de su presupuesto y plan operativo anual, el cual afecto su operatividad.
En ese marco la crisis puede ser la oportunidad para planificar y construir un Régimen Nacional de Salud con los aportes de todos, con cobertura universal, de calidad y con equilibrio financiero. Se abre así el escenario para planificar un sistema de atención de salud, articulado, que integre el régimen general con los regímenes madre-niño, adulto mayores, trabajadores (salud ocupacional), discapacitados y pensionistas. El nuevo régimen único debería brindar las prestaciones preventivas y recuperativas de la salud y desplegar un programa masivo y universal del Médico de Familia, piedra angular de la estrategia de atención primaria en la costa, sierra y selva, y abarcar las especialidades médicas esenciales en el primer piso de la atención, hasta hacerla más compleja en función del nivel y capacidad resolutiva de cada uno de los establecimientos y hospitales. Requiere además una política agresiva de construcción de hospitales de II, III y IV nivel, hasta duplicar el número de camas y personal médico y de enfermeras a nivel nacional, a la vez que un programa de repotenciamiento de los establecimientos existentes en todas las regiones, empezando por el primer nivel y así progresivamente.
El nuevo régimen se debería financiar mediante un impuesto, independiente de la condición laboral y socio económico de las personas y será obligatorio para todos empleadores del país, tomando como referencia a todo personal que contrate y sus ingresos. Todos los trabajadores y sus derechos habientes, así como la población desempleada deben estar cubiertos en el nuevo régimen de salud. Para la administracion del nuevo régimen se debe crear el nuevo Instituto de Seguridad Social del Peru, como ente tripartito, con autonomía técnica, económica y administrativa, el cual absorberá todo el patrimonio y personal de los establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, de EsSalud y de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíales. El Ministerio de Salud se debe constituir como ente rector, normativo, de control y coordinación de las políticas de salud. Para ello se debe disolver EsSalud, el SIS y las Sanidades. El nuevo Instituto se debe sostener con recursos del nuevo impuesto manejado por el Tesoro Público, al que se sumaran los recursos de las antiguas partidas del MINSA, el SIS, las Sanidades y de los Gobiernos Regionales. Para ello tambien se deben reducir los gastos administrativos y se interconectara el sector a través de un sistema único de información que permitirá hacerles un seguimiento a las personas. Todos los institutos públicos nacionales y regionales adscritos al sector salud deberían en adelante establecer el nivel de coordinación con la nueva entidad.
Se debe dictar a la vez las medidas que impidan el alza de los precios de las medicinas a nivel nacional durante el Estado de Emergencia Sanitaria, prohibiendo el acaparamiento y especulación por razón de la emergencia, y dictar una Ley Antimonopolio para el sector de los laboratorios, farmacias y afines.
Educación
Antes de la pandemia, el sector educación atravesaba una profunda crisis, ahora agravada por la inesperada migración de estudiantes del sector privado a la educación pública debido a la caída de ingresos de miles de familias. Si bien los logros del aprendizaje proyectaban perspectivas favorables, los desafíos siguen pendientes. El Perú aun se ubica en el puesto 64 de 77 países según la última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA de la OCDE y padece de una tendencia a la reducción y atomización de sus programas o servicios educativos, con reducción del número de matriculados y secciones con pocos estudiantes como lo señalan numerosos estudios. Atraviesa importantes desafíos vinculados al atraso escolar y a la no conclusión del nivel secundario donde no se han registrado mayores avances. Eran claros los diagnósticos de que en el Peru las políticas públicas no lograron reducir las brechas de rendimiento educativo desde el ámbito de las diferencias socioeconómicas de los estudiantes o de la lengua materna, o del área geográfica donde se ubica la escuela. Asimismo en los últimos 6 años prolifero el número de docentes contratados y se redujeron los nombramientos debido precisamente a que no se cubrieron las vacantes por la alta desaprobación de exámenes. A ello se suma precariedad de la infraestructura educativa y la poca inversión que se viene haciendo en los últimos años dentro del presupuesto público para el sector educación.
La pandemia lo ha enfrentado además a enormes desigualdades que dificulta a la comunidad educativa al acceso a la educación digital. Solo el 49% de la población está conectado a internet, siendo de un 58% en las zonas urbanas y apenas un 15% en el rural, quienes además no tienen acceso a contenidos educativos por esta vía, pues no existen políticas para promover el uso del internet para fines educativos y culturales. Muchos niños deben recorrer muchos kilómetros para acceder a un punto de internet y no perder sus clases en el área rural. Los docentes, incluyendo a los de universidades, casi nunca han recibido formación para trabajar con modelos de educación virtual. La drástica medida de implementar un modelo de educación en casa sobre la base del autoaprendizaje del docente nos hace sumamente vulnerables. Muchos estudiantes quedarán fuera de esta dinámica y muchos docentes estarán rezagados.
La crisis sanitaria abre una oportunidad muy importante de repensar las formas de estructurar la educación básica y superior. Debe gestarse una Nueva Política Nacional Educativa que logre acercar a los estudiantes que menos servicios reciben con los que más cuentan, con un enfoque de derechos. Asimismo cualificando la formación de los docentes de las escuelas en el área o temática a su cargo, elevando su conocimiento y reformulando los enfoques de los programas en las carreras educativas de los institutos y universidades. Asimismo se debe desarrollar una audaz estrategia de mejora de la infraestructura para la construcción y reparación de escuelas básica y universidades, cerrando la brecha y dotándolos de electricidad, saneamiento e internet, a fin de proveer ambientes para un mejor rendimiento en la escuela y universidad pública. Por otro lado para planificar el regreso a la escuela luego del confinamiento, se requiere enfatizar a la educación inicial y primaria, seguido de la superior. La estrategia debe ser gradual aplicando la educación virtual Multiplataforma, efectuando una mejor asignación de docentes y priorizando el conjunto de actividades colectivas que sean necesarias. Es un aprendizaje para todos y que exige la capacitación docente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y contratación de técnicos en hardware y software. La emergencia no tiene por qué afectar las plazas del personal en los centros educativos públicos, ni porque enfrentar a los padres de familia en el sector privado.
Protección social
En el Perú los sistemas de pensiones no responden a los desafíos que surgen de la pandemia debido a la pauperización de los ingresos de las personas, especialmente adultos mayores. Apenas un 22% de la población tiene garantizada una pensión de jubilación tanto en el sistema público o privado, mientras que, según un Estudio de la Universidad del Pacifico, al año 2050 menos del 45% de las personas contaría con una cobertura previsional.
El sistema privado de pensiones (SPP) evidencia graves problemas estructurales que vulneran desde hace décadas el derecho a la intangibilidad de sus fondos, a la información y el acceso a una pensión justa para todos sus afiliados. Las AFP apenas pagan una pensión promedio de S/. 1,098 para sus jubilados ordinarios que son casi la mitad de sus 80 mil pensionistas, de S/. 579 para sus pensionistas de sobrevivencia y S/. 1,816 para los pensionistas de invalidez. Sin embargo el 55% recibe una pensión inferior a la remuneración mínima, mientras que el 28% obtiene menos de una pensión mínima de sobrevivencia que otorga la ONP, que no supera los S/ 500 soles. La pensión promedio es menor del 40% de los ingresos promedio de los afiliados cotizantes según un estudio de la Universidad del Pacifico. Las pensiones bajo las modalidades de “retiro programado” y “renta vitalicia”, apenas oscilan entre 700 y 800 soles por cada 100 mil soles que tengan en su fondo, financiada a partir de la rentabilidad de su fondo, pero no del fondo mismo. A pesar de lo irrisorio de las pensiones, un 80% de los pensionistas optaron por la “renta vitalicia” a causa de la desinformación generada por las mismas AFP de que con el “retiro programado” su fondo y pensión pueden disminuir ante una eventual “caída” de los mercados, ofreciéndoles una renta vitalicia fija, pero a cambio de entregar la propiedad de su fondo a la Aseguradora, arrebatándoles el derecho a heredar a sus beneficiarios.
A marzo del 2020, las 4 AFP (Integra, Prima, Profuturo y Habitat) administraban S/ 154,043,793,680 de sus afiliados; un 21% del PBI nacional, perteneciente a 3,268,371 cotizantes y 7,521,916 titulares y beneficiarios.Solo entre febrero y marzo los fondos de los afiliados perdieron 18,563, 227,734 millones de soles debido a la caída de las colocaciones efectuadas por sus AFP. A marzo la rentabilidad anual del Fondo 2 cayó a –0.74% anual, mientras que el Fondo 3 a -9.06% anual. Solo el Fondo 1 mantuvo un 3.06%, mientras que el Fondo 0 un 4.2% de rentabilidad. Hasta abril de este año un 55.9% de los 154 mil millones están colocados en instrumentos del país, mientras que un 44.4% en instrumentos del exterior.
Del total de los 88,2 mil millones de los fondos colocados en el país, unos 35,6 mil millones están colocados en bonos del gobierno central, mientras que unos 37,8 mil millones, que equivale a un 43% de las inversiones, están colocados en bonos y acciones de solamente 33 empresas: Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú, Crediscotia Financiera, Fondo Mivivienda, Scotiabank Peru, BCP-PF Fideicomiso en Infraestructura, InRetail Shopping Malls, Scotia Sociedad Titulizadora, BD Capital SAFI SAC, ENFOCA SAFI S.A., Macrocapitales SAFI S.A., Sigma SAFI, Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, Credicorp LTD., Intercorp Perú, Intercorp Financial Services Inc., Alicorp, Cementos Pacasmayo, Unión Andina de Cementos, Ferreycorp S.A.A., Corporación Primax, Cía. de Minas Buenaventura, Minsur, Volcan Cía. Minera, Ene Distribución Perú, Enel Generación Perú, Engie Energía Perú S.A., Luz del Sur, InRetail Peru, Administradora Jockey Plaza Shopping Center, InRetail Pharma S.A. y Rutas de Lima, en su mayoría controlados por el grupo Romero de Dionisio Romero Paoletti, el Grupo Brescia-Caferata, el grupo Intercorp de Carlos Rodriguez Pastor y el grupo Scotia del BNS International Limited. Solamente en sus últimos 27 años las AFP han obtenido utilidades netas con una rentabilidad promedio del 28%, sumamente alto comparado con la rentabilidad promedio anual del 7 u 8% de los fondos que administran o del resto de actividades económicas en el país. Solo en el año 2019, la utilidad neta de las cuatro AFP alcanzó los 501,638 millones de soles. En los últimos 17 años, las utilidades netas de las 4 AFP (Integra, Prima, Profuturo y Habitat) fueron de 5,076 mil millones de soles.
Mientras tanto el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aún tiene dificultades para el otorgamiento oportuno y con equidad de las pensiones. Este sistema cuenta con más de 1,649,485 aportantes obligatorios y facultativos a setiembre del 2019, los cuales han generaron una recaudación cercana a los 4,1 mil millones de soles en el 2019. La planilla anual de la ONP, sumado al Bono de Reconocimiento y las subvenciones sociales, así como sus gastos de administracion ha crecido de S/. 3,907 millones de soles en el 2008 a 6.505 miles de millones de soles en el 2019, para una población de pensionistas que ha venido creciendo muy lentamente de 465,753 en el 2008 a 592,998 en el 2019, de los cuales 557,591 pertenecen al D.L. 19990. Del total de la planilla unos 852.8 millones fueron cubiertos con recursos ordinarios del Tesoro Público, el decir solo el 13% del total. La ONP cuenta además con un Fondo Consolidado del FCR el cual asciende a S/. 19,186,279 millones de soles, de los cuales 1S/. 6,210,529 están colocados en activos financieros y S/. 2,429,914 en acciones de Electro Perú, los cuales crecen a un promedio moderado.
Según la ONP las pensiones promedio del régimen de jubilación es de apenas S/. 662 a octubre del 2019, mientras que las pensiones de invalidez son del S/. 577, la pensión de viudez son de S/. 407, las pensiones de orfandad son de S/. 277 y las pensiones de ascendencia es de S/. 274. La pensión promedio en general de la ONP apenas llego a S/. 586 en el 2019. Sin embargo la pensión promedio en el sistema nacional de pensiones es menor del 30% de los ingresos promedio de los afiliados cotizantes a este sistema según un último estudio de la Universidad del Pacifico. Pese a lo señalado aún subsisten 5 puntos críticos en la gestión de la ONP, que explican la demora en el trámite de los expedientes pensionarios y los problemas con el desconocimiento de aportes, como son: La parcial implementación del registro actualizado e individualizado de aportes pensionarios, el traslado de la carga de la prueba de los años de aportación a los afiliados, la escasa motivación de las resoluciones administrativas, la utilización de procesos complejos para el otorgamiento de pensiones y la ausencia de una supervisión eficiente que garantice una gestión adecuada en las etapas del proceso de otorgamiento de pensiones. No obstante ello se ha logrado mejorar la posición y avanzado hacia el equilibrio del sistema nacional de pensiones que requieren ser fortalecidas para la ampliación de la cobertura y su estructura.
Por ello es urgente efectuar cambios estructurales en los sistemas de pensiones, en concordancia con el Convenio N° 102 de la OIT, ratificado por el Perú, con el propósito de diseñar e implementar un Régimen Único de Pensiones, de carácter público, con los aportes de los empleadores y trabajadores, con cobertura universal y equilibrio financiero. Este régimen debe articular las pensiones de un régimen general con los diferentes regímenes especiales existentes para las diferentes actividades económicas del país. El nuevo régimen único debe financiar las pensiones de jubilación regular, de invalidez, ascendencia, orfandad y viudez, así como de trabajadores en general (no solo de riesgo), así como de discapacitados y amas de casa, de acuerdo a los estándares mínimos fijados en el Convenio N° 102 de la OIT. Ello implica diseñar una nueva Política Nacional de Seguridad Social, a fin de apuntalar el desarrollo de estrategias nacionales para la consolidación del régimen único, como la universalización de la cobertura universal, el acceso a una pensión justa, equitativa y oportuna, la progresividad del equilibrio financiero y un marco de cooperación para el acceso preferencial a la salud de los pensionistas en virtud de sus aportaciones al seguro de salud. Esta política requiere además de una ampliación descentralizada de los centros de atención de pensiones, con personal propio y suficiente en sus diferentes niveles de atención.
El nuevo régimen se puede financiar con los aportes de los empleadores y trabajadores, tomando como referencia a todo personal que contrate y de acuerdo al nuevo estudio matemático actuarial. Todos los trabajadores asegurados y sus ascendientes, conyugues e hijos, estarán cubiertos en el nuevo régimen único de pensiones. Asimismo con el aporte de los recursos del Tesoro Público se articulara y financiara el otorgamiento de pensiones a la población no aportante, en su calidad de no contributivos y bajo la modalidad de pensiones sociales,
Para la administracion del nuevo régimen se debe crear el nuevo Instituto Nacional Previsional, como ente tripartito, con autonomía técnica, económica y administrativa, el cual absorberá todo el patrimonio y personal de los establecimientos de la Oficina de Normalizaciones Previsional (ONP). El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se constituirá como ente rector, normativo, de control y coordinación de las políticas de seguridad social en pensiones. El nuevo Instituto debe actuar a la vez como entidad centralizadora de los aportes, sin intermediario y se sostendrá con los recursos de las nuevas contribuciones de empleadores y trabajadores, creándose una Cuenta Individual de Asegurado para cada trabajador afiliado. Para ello se debe derogar la Ley del Sistema Privado de Pensiones y se efectuara el traslado definitivo de sus afiliados al nuevo Instituto con sus fondos, quienes conservaran la propiedad de sus cuentas individuales de asegurados.
Adicional a ello se deben establecer los parámetros para el establecimiento de una pensión mínima y garantizada a fin de proteger adecuadamente con una “pensión digna” al trabajador cotizante que ha aportado durante su vida laboral, que no sea inferior al 40% de su remuneración promedio. Asimismo se culminara el proceso de implementación del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados. Se requerirá a todos los empleadores del Sector Público y Privado, empresas unipersonales, empresas y comisiones liquidadoras de todo el país, en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la publicación de una Ley, a que entreguen al nuevo Instituto los libros de planillas y aportes laborales que mantengan en custodia desde el más antiguo hasta los utilizados en el ejercicio 2007, a fin de facilitar la culminación del proceso de implementación del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados. Esta disposición se debe aplicar sin perjuicio de la obligación de los empleadores de conservar las copias de sus planillas, el duplicado de las boletas y las constancias correspondientes, independientes de su antigüedad. Se debe garantizar que todo afiliado cuente con su respectiva clave de acceso y contraseña otorgado por el nuevo Instituto para que tenga acceso a la información actualizada de sus aportes. Se debe establecer que la carga de la prueba será del nuevo Instituto, en tanto receptor final de las declaraciones, retenciones y pago de los aportes pensionarios, para el otorgamiento de las pensiones de jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia a los asegurados y beneficiarios.
(*) Abogado de la ANC.
***************************
