La reciente derogatoria de la Ley N° 27360 -también conocida como la Ley de Promoción Agraria- tras las masivas protestas de los trabajadores de la agroexportación, marcó un momento de crisis, pero también de oportunidad para el país. La defunción de un régimen laboral y fiscal que durante dos décadas encarnó y fomentó la desigualdad en el sector agrario, abre ahora la posibilidad de establecer un nuevo régimen que fomente el crecimiento del sector en base a la productividad y competitividad, garantice los derechos de los trabajadores y asegure que la agroexportación contribuya debidamente al fisco y a la seguridad social.
Sin embargo, el entrampamiento recientemente observado en el Congreso sobre el nuevo régimen para el agro evidencia la existencia de presiones que buscan bloquear y descarrilar una reforma indispensable para la justicia económica y social. En esa línea, desde los sectores opuestos a la reforma se ha desplegado una millonaria campaña mediática que anuncia una supuesta catástrofe económica si se retiran los privilegios laborales y tributarios a la agroexportación, y difunde falsedades e inexactitudes que buscan generar zozobra y confusión.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes, señalamos lo siguiente:
- No es cierto que mejorar las remuneraciones y condiciones laborales hará que se pierda competitividad frente a países vecinos.
La realidad es que en el Perú los trabajadores de la agroexportación laboran bajo condiciones laborales inferiores a las de países vecinos, que son líderes en exportaciones agrícolas y ofrecen mayor protección al trabajador sin perder competitividad. Así, en Chile el Código del Trabajo establece que las empresas agroindustriales deben proveer alojamiento, movilidad y alimentación al trabajador; asumiendo los costos correspondientes; mientras que en Argentina estas empresas están obligadas a capacitar al trabajador a fin de que pueda percibir mayor remuneración por su labor.
- No es cierto que el trabajo en la agroexportación por ser estacional no permita estabilidad en los derechos y beneficios del trabajador.
Existen en el Perú sectores como la construcción, donde el trabajo es temporal pero la protección al trabajador tiene continuidad en sus derechos y beneficios. Un régimen similar debería aplicarse para la agroexportación, donde la sucesión y combinación de ciclos de cultivos significa que muchos trabajadores laboran de forma permanente o casi permanente, por lo que deberían acceder a contratos de trabajo con plazo indefinido.
- No es cierto que retirar los privilegios tributarios perjudicaría necesariamente a las pequeñas y microempresas del agro.
La realidad es que no son las micro y pequeñas empresas, sino un grupo de grandes empresas las que captaron el grueso de los beneficios de la derogada ley de promoción agraria. Así, en el año 2018 las 122 principales empresas del sector absorbieron el 73,2% del beneficio tributario por una menor tasa del impuesto a la renta, mientras las micro y pequeñas empresas apenas captaron el 1,3% de dicho beneficio. Es engañoso e inaceptable que la gran agroindustria se siga escudando en la supuesta defensa de los intereses de los pequeños productores. Es perfectamente factible establecer mecanismos que diferencien y específicamente protejan y fomenten a las pequeñas y microempresas agrarias, emprendimientos familiares y de agricultura orgánica, que además ya tienen la opción de acogerse al régimen general para pequeñas y microempresas.
- No es cierto que el sector agroexportador no se beneficie de ESSALUD.
Por décadas las grandes agroexportadoras han gozado de una menor tasa de aporte a ESSALUD, apenas 4% hasta el 2019 frente al 9% en otros sectores. Ello ha constituido un enorme subsidio que los demás sectores aportantes a ESSALUD financiaron. Tan solo en el 2019, el costo para ESSALUD de atender a los trabajadores del régimen agrario superó los S/ 800 millones de soles, mientras las empresas agroindustriales bajo dicho régimen aportaron escasamente S/ 200 millones; generándose un déficit de más de S/ 600 millones que debió asumir ESSALUD.
- No es cierto que el auge de la agroexportación se explique únicamente por los beneficios de la derogada ley de promoción agraria.
Se afirma falsamente que son los privilegios laborales y fiscales otorgados a la agroexportación las únicas razones para su despegue, buscando justificar que dicho trato privilegiado se mantenga. Pero lo cierto es que hay múltiples factores que han contribuido a dicho éxito: la apertura de mercados a través de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, la estabilidad macroeconómica, las excepcionales condiciones de climas y suelos en nuestro país, la complementación de los ciclos agrícolas en el Perú con los de los países en el hemisferio norte, que permite que nuestras exportaciones cubran su demanda cuando en dichos países es invierno. Así, es una falacia sostener que el éxito de la agroexportación depende críticamente de mantener sus privilegios laborales y fiscales.
- No es cierto que las grandes agroexportadoras aun necesiten de los privilegios que les otorgaba la derogada Ley de Promoción Agraria.
La Ley de promoción agraria fue establecida en el año 2000. Es decir, los peruanos llevamos dos décadas subsidiando a la agroexportación. En ese tiempo, un conjunto de grandes empresas ha crecido y se ha consolidado, según se refleja en sus millonarios niveles de exportaciones e ingresos, en algunos casos siendo consideradas como multinacionales, con accionistas ubicados en paraísos fiscales y percibiendo financiamiento directo de organismos multilaterales. Sin embargo, dichas empresas pretenden seguir gozando de beneficios que deberían reservarse solo para emprendimientos que están en su fase inicial. El nuevo régimen agrario debe establecer un horizonte razonable y límites en el tiempo para acceder a beneficios e incentivos; erradicando los casos de agroexportadoras que llevan 10, 15 o 20 años siendo subsidiadas por todos los peruanos.
Invocamos al Congreso a devolver la calma al país y alcanzar una solución rápida y legitima a las justas demandas de los trabajadores de la agroexportación, con una propuesta de un nuevo régimen para el agro que reconozca y respete los derechos laborales y defienda los intereses fiscales y de ESSALUD. El Congreso tiene la obligación de legislar para los mejores intereses de los trabajadores y del Estado y no ceder a las presiones y demandas de quienes por muchos años se beneficiaron con la derogada Ley de Promoción Agraria. La justicia laboral y la equidad fiscal requieren un nuevo marco para la agroexportación; más justo y transparente; para avanzar en la construcción de un Perú con menos desigualdad.
Lima, 22 de diciembre de 2020
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