La Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarrollo (ANC) las organizaciones y plataformas de la sociedad civil que integran e impulsan la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), entre otras; ante la compleja y difícil situación de gobernabilidad, afectación económica, corrupción y reducción de derechos ciudadanos que vive el país de cara a un nuevo 28 de julio, declaramos, que:
El contexto
El Perú enfrenta un contexto que deviene de varias décadas, de crisis política, económica, social, ética y hasta ideológica que impacta todos los sectores de la población cuya causal se enmarca en factores estructurales y los efectos de la evolución de la crisis externa: la pandemia, la guerra, la crisis climática y financiera, que se agudiza aún más por una ineficaz e ineficiente gestión del Ejecutivo, con indicios de corrupción, incapaz de responder a las demandas de cambio.
Este contexto exige transformaciones, planes factibles, estrategias deliberadas, pero sobre todo un amplio consenso social. El momento de crisis y frágil gobernabilidad se refleja también en la frustración de un amplio sector de la población que no cree en la política. Pese a ello, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil están interviniendo, lo hacen desde hace muchos años para atender los desafíos estructurales que existen en el país y en el escenario internacional, en la perspectiva de lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo humano.
La Política
La crisis política refleja un profundo problema de institucionalidad y de sostenibilidad del actual Gobierno de Pedro Castillo. Existe incapacidad para orientar al país en forma unitaria y urgente. El desinterés de un diálogo desde los partidos con la ciudadanía amenaza con hacer colapsar el precario equilibrio social y político. Ejecutivo y Congreso persisten en su enfrentamiento y agendas para favorecer a sus propios intereses, mientras se destruye la poca legitimidad de sus actores, a partir de iniciativas de Ley que atentan contra la democracia, la libertad de prensa, contra el acceso a una educación de calidad, contra los derechos de las mujeres y diversidades, de las comunidades indígenas y amazónicas, nuestros recursos naturales, además de permitir una irresponsable y siniestra intervención de órganos de inteligencia para socavar la débil institucionalidad democrática.
La Corrupción
La corrupción desde la máxima cúspide del poder viene alcanzando una nueva dimensión que amenaza no solo la esencia misma de la democracia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino que permite la impunidad de criminales y agresores. Urge una reforma del sistema de justicia que por medio de procesos de selección transparentes y participativos haga que en las instancias de decisión se encuentren personas que rompan con el statu quo y cuenten con una trayectoria ética e incuestionable, sin relacionamientos políticos ni delictuales, tanto en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Es necesaria una férrea defensa institucional y ciudadana de jueces y fiscales, que vienen siendo víctimas de campañas de acoso y violaciones a su independencia y autonomía solo por cumplir con su trabajo; así como el total respeto de las decisiones judiciales y no el desacato en que el Congreso viene incurriendo. Urge fortalecer el sistema de control de la Contraloría y modificar desde la raíz los procedimientos de gestión de los contratos y adquisiciones públicas, ampliando la transparencia en la rendición de cuentas de las autoridades en todos los niveles subnacionales de gobierno.
La Economía
La mayor desigualdad es la económica que flagela desde ya a los más pobres de nuestro país, agravada ahora con la crisis e inflación internacional y la guerra en Ucrania. La pobreza se disparó del 20% al 30% en los años 2019 y 2020 respectivamente, con una leve mejora a 26% en el 2021, equivalente a 8 millones 556 mil peruanos. El empleo informal se elevó del 73% del 2019 al 77% en el 2021, mientras que la población subempleada siguió aumentando hasta llegar a las 9 millones 572 mil personas, al punto que los jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, de acuerdo con cifras oficiales de 2020, se encuentran en un millón 386 mil. A ello se suma el fracaso de los sistemas de focalización SISFOH para asignar los recursos a los más pobres, situación que se viene arrastrando desde hace dos décadas. A esto se añade la baja calidad de los servicios ofrecidos por el Estado debido a la gestión ineficiente y la falta de recursos para superar las persistentes brechas territoriales, haciéndose necesaria una reforma fiscal.
La Salud
La crisis sanitaria del COVID-19 ha agudizado más el distanciamiento económico entre los que más ganan y la amplia mayoría de la pirámide social. El sistema de salud ha quedado colapsado y vulnerable a posibles nuevas olas epidémicas, especialmente en las regiones carentes de inversión en infraestructura. No se ha avanzado en la reforma del sistema de salud, ni en el camino de asegurar la atención universal y gratuita. El desafío es fortalecer las acciones preventivo-promocionales a nivel nacional, y sobre todo las estrategias de atención primaria y de atención de la salud mental, modernizando sustancialmente la precaria infraestructura sanitaria.
La crisis alimentaria y el agro
Ante la débil capacidad del sector para responder a las demandas de la emergencia de los productores y la dependencia de fertilizantes químicos como la urea, la crisis y la inseguridad alimentarias por la reducción de los cultivos se agudiza más en torno a la agricultura familiar que es la que cumple un papel clave la nutrición de la población, la generación de ingresos, la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Resalta la vulnerabilidad de la mujer rural debido al rol central que desempeña. Frente a ello, es necesario un eficaz mecanismo de distribución de fertilizantes priorizando a los productores de alimentos básicos de la canasta familiar, así como la producción y adquisición de fertilizantes orgánicos, la promoción de sistemas de producción agroecológicos que protejan los suelos, el agua y la biodiversidad, la recuperación de alimentos de la soberanía alimentaria del Ande y la Amazonía, y la participación en el diálogo y decisiones del tejido social productivo y la Academia.
Las brechas de género
- Las luchas de las mujeres durante la vida republicana consiguieron importantes avances que hoy están en riesgo por acción de grupos antidemocráticos en el Congreso y el silencio cómplice del Ejecutivo, que anteponen creencias religiosas en contra del estado de derecho y de tratados internacionales.
Atacar los derechos de las mujeres, incluso los referidos a la sexualidad y reproducción, es un atentado contra su autonomía y persigue someterlas a una economía doméstica en la que su trabajo de cuidados de niñ@s, adultos mayores y personas con discapacidad suple un gasto del Estado y mayores costos para las empresas. Las mujeres asumen el rol de cuidadoras desde que son niñas, lo que les resta tiempo de sus vidas para educarse, hacer un trabajo asalariado o descansar. Esta condición las fragiliza y hace de ellas víctimas de violencia física y psicológica, sexual y reproductiva.
Las mujeres son protectoras de la vida, luchan por el bienestar de las familias, denuncian las desigualdades que las invisibilizan y condenan a la violencia, al igual que a sus familias. Quienes se dicen defensores de la vida, en la práctica se contradicen emitiendo normas que precarizan el empleo, desconocen derechos de las comunidades, y fomentan la depredación de la naturaleza.
El Diálogo Nacional
La demora en salir de esta crisis política continúa deteriorando al Estado, lo cual es grave. El país requiere de un proceso de diálogo con las organizaciones y plataformas de la sociedad civil, centrado en propuestas que den salidas y compromisos a la crisis. Las instituciones de la sociedad civil, junto con amplios sectores de nuestra población, demandamos por ello cambios profundos, con un Estado capaz de garantizar derechos ciudadanos y respetar los ya conquistados, orientado al bien común y no al aprovechamiento del poder. Un Estado con políticas tendientes a la eliminación de las causas que generan las profundas brechas de desigualdad económica, social, cultural y de género y, sobre todo, capaz de poner la economía al servicio de las personas.
Nuestro Compromiso
Las organizaciones y plataformas de la sociedad peruana trabajamos para superar la pobreza, impulsando cambios estructurales para el desarrollo y nos hemos articulado a iniciativas de concertación y transformación social a escala regional y global para que estas generen impacto. Promovemos procesos participativos, de seguimiento de la Agenda 2030, planes de igualdad de oportunidades, de prevención de la violencia de género, de cuidado del medio ambiente y clima, de presupuesto público con inclusión social y de lucha contra la corrupción. Nuestra preocupación son los sectores en situación de vulnerabilidad; menores, jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas y nativas, afrodescendientes, población que lucha contra el VIH/sida, y municipios y gobiernos regionales afectados con altos niveles de pobreza y contaminación ambiental.
Por estas razones:
Consideramos que el momento exige una amplia unidad de las organizaciones de la sociedad civil para convocar a un DIALOGO NACIONAL donde las ciudadanas y los ciudadanos, desde sus territorios, puedan definir prioridades que nos permitan debatir y aportar en la búsqueda de salidas ante la compleja y difícil coyuntura del país.
EL PAÍS LO EXIGE.
Lima, 22 de julio del 2022
Asociación Nacional de Centros de Investigación
Promoción Social y Desarrollo (ANC)
