Inicialmente esos resultados redujeron el empleo y las remuneraciones, y comprimieron el poder adquisitivo de la población, lo que agravó la desaceleración económica. Seguidamente se generalizaron expectativas negativas que se plasmaron en profecías autocumplidas: las creencias pesimistas se convirtieron en hechos ciertos (efecto Pigmalión). Finalmente, esos procesos contagiaron el campo político, lo que generó un círculo vicioso económico-político que hoy pende amenazadoramente sobre la estabilidad del país. Salir de ese pantano no será fácil, especulando que este año se crecería en torno al 2%.
De ahí que lo que se requiere es una política de shock, que es indispensable para que acusen el golpe las deprimidas expectativas y que es viable por el hecho de que la macroeconomía dispone de entre el 30% y el 40% de la capacidad ociosa de la producción, especialmente la industria manufacturera. Partiendo de ahí se requiere adoptar, aparte de la ya anunciada expansión drástica de la inversión pública, dos conjuntos de medidas cuasi heterodoxas durante un lapso no mayor de 18 meses para reactivar rápidamente la economía: una “política de ingresos” y otra de “manipulación de los precios relativos” de la economía.
En relación con la primera, deben darse incrementos sustanciales del poder adquisitivo de la población que irían directa e inmediatamente a la vena del consumo familiar, que gradualmente jalaría consigo la inversión privada. Pensamos en aumentos de sueldos y salarios del sector público (ya no solo en salud y educación), aumentando incluso el magro salario mínimo. También ayudaría mejorar programas ya existentes como Juntos, las compras a las mypes y similares.
Finalmente, de seguir languideciendo la economía después de aplicar estos arriesgados ajustes, habría que reducir sustancialmente el IGV. Paralelamente a esas medidas deben modificarse los macroprecios básicos. Las tasas de interés deberían reducirse con una política monetaria más expansiva, dirección que recién ha adoptado el BCR al bajar el encaje y la tasa de interés de referencia, que podría llegar al 3% a fin de año. Lo que puede ir acompañado por un acomodo de los precios públicos y de medidas paraarancelarias para ciertos productos “sensibles”. Dado que el tipo de cambio real multilateral está sobrevaluado en cerca del 10%, tendrán que realizarse gradualmente compras más agresivas de dólares que las actuales.
Como consecuencia de estas y varias otras políticas contracíclicas, a primera vista populistas, habrá que asumir riesgos temporales hasta fines del próximo año, con una inflación que pasaría del 3% a 4%, un déficit del 4,5% del PBI y una deuda pública externa que saltará del 29,8% al 35%. A cambio, la economía crecerá entre 4% y 5% en un año, una vez reanimados los hoy adormecidos “espíritus animales” (Keynes dixit) de los empresarios que sostendrán los necesarios niveles de inversión privada.
Así, con ese crecimiento económico, se recuperarán las expectativas optimistas y poco a poco –desde inicios del 2019– se podrá regresar a los oficiales rangos de inflación (del 1% al 3%), con déficits fiscales del 3% y un descenso de la deuda externa por debajo del 30%, en el marco de niveles de crecimiento “normales”, coincidentes con el producto potencial del 5%. Tarea nada fácil, pero bastante más eficaz que las propuestas recientemente anunciadas por el nuevo ministro de Economía.
