Recientemente concluyó el proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú, elaborado en cumplimiento de las obligaciones asumidas como parte de la adhesión del gobierno peruano a la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), la cual se remonta a setiembre de 2011.
El proceso ha sido conducido por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en tanto punto focal del gobierno para OGP. A la fecha, no se ha compartido públicamente la versión final del Tercer Plan, que debe haber sido elevada a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación. Además, a lo largo del proceso, Proética ha identificado las siguientes deficiencias:
El cambio del cronograma durante el desarrollo del proceso, ha generado poca claridad sobre las reglas observadas al efecto.
No ha habido una explicación de los criterios para seleccionar los ejes temáticos sobre los que se trabajaron los compromisos. Particularmente preocupante resulta no haber contemplado un eje específico de compromisos contra la corrupción.
La omisión del citado eje temático, expresa el desconocimiento de la fuerte relación existente entre la transparencia y la participación ciudadana, pilares del gobierno abierto, y la reducción de oportunidades a la corrupción; así como también refleja una evasión de la actual coyuntura que vive nuestro país,sacudido al más alto nivel político por los escándalos de la investigación “Lava Jato”.
No se transparentó la participación de las organizaciones civiles e instituciones públicas en los distintos eventos de consulta, por lo que no se puede hacer una verificación independiente sobre la rigurosidad y diligencia en la convocatoria de actores clave con capacidad de aportar al proceso.
Se trató de un proceso hecho con evidente apresuramiento, dando lugar a un manejo de plazos que, en algunos casos, llegaron a ser poco serios, como ocurrió por ejemplo, con la consulta sobre la sistematización de los compromisos preliminares. Tales deficiencias en el proceso de OGP en Perú, han tenido lugar en un contexto en el que el gobierno ha dado pasos regresivos en cuanto al acceso a la información pública. Ejemplo de ello lo constituye la creación de una autoridad de transparencia con limitaciones muy serias para su acción o la modificación de la ley de acceso a la información, en lo referido al carácter público de las comunicaciones electrónicas de los funcionarios.
Proética considera que el gobierno peruano debe revisar a profundidad los pasos que viene dando en este campo. La sociedad civil comprometida con una agenda de transparencia sustantiva, no puede acompañar una ruta errática, cuando no abiertamente contraria a los estándares internacionales y las mejores prácticas de acceso a la información como elemento central de una política anticorrupción. Lima, 20 de noviembre de 2017
