El día 11 de enero, mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días.
La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden.
Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.[1]
La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”.
Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país.
La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.
La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas.
No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas.
Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas[2], que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.
[2] Corte IDH, Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78; Corte IDH, Caso Zambrano Vélez vs Ecuador, párr. 51
