Llamamiento conjunto del Comité de Expertas del MESECVI, la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica expresan su preocupación por la sentencia que niega libertad a Teodora Vázquez.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica expresan su preocupación por la resolución del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que el pasado 13 de diciembre resolvió negarle a Teodora Vázquez, quien fue encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica, la libertad.
El caso de Teodora amerita nuestra más profunda consideración, dado que en 2008 fue condenada a 30 años por una complicación ginecobstétrica, bajo la acusación de homicidio agravado. De acuerdo a la información que las y los expertos han recibido, Teodora, embarazada de nueve meses, había solicitado ayuda médica de emergencia; mientras esperaba la asistencia, dio a luz al bebé y sufrió un desmayo. La policía sospechó que había intentado terminar el embarazo y la dejaron detenida. Organizaciones de la Sociedad Civil han denunciado violaciones al debido proceso, incluida la falta de una defensa legal adecuada.
Los hechos ponen de manifiesto las claras limitaciones legales existentes en el Estado de El Salvador para el tratamiento de las mujeres con complicaciones obstétricas en su embarazo, que podrían agravar en mayor medida las terribles circunstancias de las que Teodora ha sido víctima. En este mismo contexto, las expertas lamentan profundamente los casos de muchas mujeres salvadoreñas erróneamente procesadas y condenadas a penas desproporcionadas por complicaciones ginecobstrétricas. El caso de Teodora no solo deja en evidencia las injustas consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, por no mencionar su incorrecta aplicación, sino que también refleja la falta de acceso a la atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a la justicia en estos casos.
El Comité de Expertas del MESECVI, en su Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos de 2014, ha manifestado que considera necesario “Eliminar de los ordenamientos jurídicos las leyes que perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, así como garantizar que no se reproduzcan conductas de maltrato y humillación en entornos institucionales, y que el personal de salud no revictimice o deniegue el acceso a los servicios de salud a las mujeres que los requieran”, además ha declarado que “el acceso a los servicios de salud en general, y a los servicios de interrupción del embarazo en particular, debe ser confidencial y (…) no puede resultar en ningún caso en una vulneración de los derechos humanos de las mujeres”.
Asimismo, Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la ONU, había expresado que “la criminalización de la terminación del embarazo restringe el acceso de las mujeres a los servicios e información de salud sexual y reproductiva, y debido a la amenaza de castigo penal, las mujeres y las niñas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones relacionadas con el embarazo”. También había reiterado el llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación.
El Grupo de Trabajo de la ONU reitera que gran parte de la discriminación en el acceso a los servicios de salud y a la prevención de enfermedades, incluyendo la mortalidad y la morbilidad materna, puede atribuirse a la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres con fines políticos, culturales, religiosos y económicos. El riesgo de mujeres embarazadas a emergencias obstétricas, debido a la discriminación en el acceso a los servicios de salud, afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres poniendo en riesgo sus vidas y embarazos. Además, la falta de acceso a la justicia y al debido proceso ha contribuido al enjuiciamiento de las mujeres, especialmente las mujeres pobres, cuyos embarazos no dan como resultado un nacimiento, el cual es una gran preocupación para el Grupo de Trabajo.
En el mismo sentido, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en una reciente visita a El Salvador, ha instado al Gobierno de emprender un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal y a revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos. Asimismo, el Alto Comisionado recordó que El Salvador debe cumplir con sus obligaciones con los derechos humanos a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto. La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en El Salvador, inclusive cuando es necesario para salvar la vida de la mujer, tiene como resultado el enjuiciamiento, encarcelamiento de mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo, razón por la cual todos estos casos son investigados en el orden penal.
Las y los expertos instan a las autoridades salvadoreñas a tomar todas las medidas necesarias para revisar su legislación y adecuarla a las obligaciones y compromisos internacionales, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW de Naciones Unidas, ambos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de El Salvador. En particular, las y los expertos también llaman al Estado de El Salvador a descriminalizar el aborto y a liberar de prisión a cualquier mujer acusada o condenada por aborto o cargos relacionados, y proporcionarles una reparación en cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas de El Salvador. Asimismo las y los expertos se ponen a disposición para cualquier apoyo técnico que el Estado pudiera requerir.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará(MESECVI), la Sra. Dubravka Šimonovic, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre laviolencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
