Pronunciamiento oficial.
Frente a la presentación y debate del proyecto de “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios”, nos dirigimos al Gobierno Central, al Congreso de la República y opinión pública para señalar la urgente necesidad de un proceso de reconstrucción democrático, que garantice el fortalecimiento de nuestras instituciones y se desarrolle en el marco de la transparencia, inclusión y participación ciudadanas.
- El impacto de los desastres naturales y la magnitud de daños sufridos en el país nos plantean el reto urgente de implementar un proceso de reconstrucción que nos permita minimizar o superar nuestras vulnerabilidades, sociales, culturales e institucionales. En este sentido el mandato de la reconstrucción implica también el fortalecimiento de las instituciones estatales y sociales para que en adelante se garantice una intervención pronta, oportuna y eficaz, con los instrumentos necesarios para la gestión de los riesgos, considerando los escenarios de cambio climático, y escenarios de riesgo sísmico, entre otros.
- La propuesta de Ley de reconstrucción está orientada básicamente a la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de infraestructura a través de una entidad ad-hoc altamente centralizada en el poder ejecutivo que puede debilitar la institucionalidad estatal y los mecanismos de control existentes, limitando, entre otros, las facultades de la Contraloría General de la República, de los Gobiernos regionales y locales, y/o de mecanismos previstos para enfrentar situaciones de desastres como es elSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Con el fin de facilitar la participación e inversión privada, la propuesta de Ley de reconstrucción plantea una vez más la simplificación y exoneración de los procesos administrativos vía Decreto Supremo y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. No considera la experiencia y aprendizajes producidos a partir de los recientes y graves hechos de corrupción que han revelado la relación existente entre la flexibilización administrativa y corrupción. En este sentido, el debilitamiento y tercerización de los mecanismos de control que subyacen a la propuesta se orientan a privatizar una reconstrucción que podría abrir peligrosamente las puertas a nuevos hechos de corrupción.
- La propuesta de Ley coloca en situación de riesgo los territorios y derechos de los pueblos indígenas al pretender que la acogida de damnificados en estos territorios no se dará fuera del marco temporal de 12 meses, sin considerar los intereses de inversionistas privados y especuladores sobre estos territorios. En este sentido el poder ejecutivo omite su obligación de resolver la problemática de titulación de estas tierras y asume que todas las tierras y predios son de libre disposición, generando inseguridad jurídica y abriendo la posibilidad a nuevos conflictos sociales entre indígenas, damnificados, empresas y traficantes de tierras.
- La propuesta de rehabilitación y reconstrucción debe centrarse en el sujeto humano y la integralidad de sus derechos para ir más allá de un proceso que privilegie únicamente la inversión privada y la construcción de obras. En este sentido es valorable la incorporación del Acuerdo Nacional como mecanismo frente al cual se rendirán cuentas pero resulta insuficiente, se debe considerar la amplia participación e involucramiento de las y los ciudadanos en los distintos niveles de gobernanza nacional, regionales y locales. Asimismo se debe incorporar a los sectores del ejecutivo que trabajan directamente con las mujeres y las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MINMPV), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Cultura (MINCUL). Debe prever también la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas de carácter permanente, eficiente y accesible al conjunto de las y los ciudadanos.
A partir de lo señalado, demandamos al Congreso de la República ampliar el proceso de consulta y recepción de aportes para una propuesta de Ley que fortalezca nuestra institucionalidad y garantice la no corrupción, incorporando las recomendaciones y propuestas de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los alcanzados por las diferentes organizaciones y plataformas de sociedad civil.
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Lima, 24 de abril del 2017
