La ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO (ANC), frente a los graves acontecimientos que enfrenta el país, declara:
- La ANC viene siguiendo la situación respecto de los graves acontecimientos y la actuación autoritaria y violenta del Estado frente a las movilizaciones que se vienes produciendo en diversas regiones del país, caracterizada por la estigmatización y criminalización del ejercicio legítimo de la libertad de reunión o protesta social, seguida de acciones de represión marcada por una conducta reiterada y violenta del uso de la fuerza en contra de las personas que se manifiestan, por parte de policías y militares, que han producido hasta la fecha la muerte de 47 civiles y un policía, un número elevado de personas con lesiones y daños permanentes, tanto civiles como policías, aun internados en los establecimientos sanitarios; y decenas de detenidos.
- La ANC considera que esta respuesta resulta incompatible con los principios democráticos y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, especialmente del derecho a la vida (art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH), a la integridad personal (art. 5 de la CADH) y a la libertad de las personas manifestantes (arts. 7 y 13 de la CADH), así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social.
- La ANC señala que algunas altas autoridades vienen calificando a los manifestantes de “delincuentes” y “terrucos”, estigmatizando las legítimas protestas, al mismo tiempo la ANC rechaza los actos de vandalismo que se vienen produciendo en contra de la población y sobre todo contra emprendedores de escasos recursos en las regiones, producto del aprovechamiento ilícito que vienen desarrollando ciertos grupos de personas infiltradas, a quienes debe identificárseles y sancionarles de acuerdo a ley.
- La ANC señala que, quienes ocupan cargos de poder, están llamados a oír al pueblo que pide la renuncia de la Presidenta, cambio de la mesa directiva del Congreso, que se detenga la violencia (“ni un muerto más”) y que la PNP y las FFAA no interfieran o inhiban el legítimo ejercicio de la protesta social, ni fomenten intolerancia, mientras que los funcionarios públicos cumplan con la obligación de asegurarse que al ejercer su libertad de expresión no incurran en el desconocimiento de derechos fundamentales y asegurarse de que sus expresiones no constituyan formas de presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.
- La ANC cuestiona los procesos penales injustificados contra personas defensoras de derechos humanos, muchos en estado de detención, quienes vienen siendo investigados dentro de un marco diseñado para la lucha antiterroristas y que criminaliza la legítima protesta social, donde se utiliza el secreto prolongado de la investigación y la figura de la detención preventiva. Estos actos no sólo afectan las garantías constitucionales de las personas, sino que además atentan contra el rol fundamental que estas personas cumplen en la vida pública del país y en sus comunidades, generando un efecto amedrentador y disuasivo de la labor ciudadana que ejercen. Aunado a lo anterior, estas afectaciones a líderes sociales pueden tener consecuencias negativas en los valores cuando se ha utilizado los sistemas penales como mecanismo de criminalización contra los líderes sociales.
- La ANC se reafirma en su rechazo a interpretaciones extensivas de estos tipos penales, en el marco de situaciones de protesta social, que podrían constituir una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política, que conforme los principios desarrollados en la Convención Americana de Derechos Humanos, solo pueden utilizarse de modo muy excepcional.
- Finalmente, le exigimos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Republica y a las fuerzas políticas del país, a propiciar un marco adecuado para adelantar las elecciones generales en el más breve plazo y a acelerar la aplicación de los mecanismos de reparación a las víctimas afectadas a consecuencias de las pérdidas de vidas y lesiones graves que se han ocasionado como producto de la violenta represión militar-policial a la protesta social, por justicia y dignidad de las mismas. Asimismo, invocamos a las organizaciones de la sociedad civil a estar vigilantes para que, en democracia, se garantice las libertades fundamentales y en especial en el país, el derecho a la vida, a las libertades y seguridades personales, de expresión, de reunión, de asociación y participación, los cuales resultan fundamentales y esenciales para el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Lima, 13 de enero de 2023
